Caso Álvaro Gómez: familia se opone a que JEP investigue el magnicidio

La familia del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado expresó su inconformidad con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de asumir la investigación relacionada con su asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

La postura fue expuesta por Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del excandidato presidencial, quien calificó como inaceptable que la jurisdicción transicional pretenda determinar los responsables de un crimen que, a su juicio, aún no ha sido plenamente esclarecido por la justicia ordinaria.

La declaración se produjo días después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP expidiera la Resolución No. 1 del 4 de julio de 2025.

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Mediante dicho acto administrativo, la jurisdicción determinó incorporar el caso de Gómez Hurtado, junto con otros seis homicidios, al denominado macrocaso 10, el cual investiga delitos cometidos por integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) que, por su gravedad, no son objeto de amnistía ni indulto conforme a los parámetros del Acuerdo Final de Paz.

Los hechos incluidos en esta resolución —además del crimen de Gómez Hurtado— corresponden a los homicidios del general (r) Fernando Landazábal Reyes, el académico Jesús Antonio Bejarano Ávila, el político Pablo Emilio Guarín, el excomandante del M-19 Hernando Pizarro Leongómez, el abogado José del Cristo Huertas Hastamorir y el exguerrillero José Fedor Rey.

La JEP basó su decisión en el análisis de los Aportes Tempranos de Verdad (ATV) entregados por exintegrantes del último secretariado de las Farc, quienes reconocieron responsabilidad en estos asesinatos.

Uno de los comparecientes que asumió públicamente su participación en estos hechos fue Julián Gallo Cubillos, conocido como “Carlos Antonio Lozada”, quien, como excomandante de la Red Urbana Antonio Nariño, afirmó haber dado la orden para ejecutar los homicidios de Gómez Hurtado, Landazábal Reyes, Huertas Hastamorir y Pizarro Leongómez.

En el caso del exrector de la Universidad Nacional Jesús Bejarano, el reconocimiento fue hecho por José Nicolás Hurtado, alias “Carlos Huevo”, quien se atribuyó responsabilidad directa en nombre de la organización armada ilegal.

La resolución precisa que, en el caso de José Fedor Rey, su expediente también fue remitido al macrocaso 05, que estudia violaciones a los derechos humanos ocurridas en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.

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La inclusión de estos siete homicidios en los procesos de la JEP responde, según la Sala, a la relación directa o indirecta de los hechos con el conflicto armado interno. En varios de estos casos, las investigaciones de la jurisdicción ordinaria permanecen abiertas o han presentado escasos avances desde los años noventa.

En su pronunciamiento, la JEP sostuvo que el reconocimiento de autoría por parte de los exguerrilleros, unido a documentos internos de las Farc, declaraciones juramentadas de terceros y otros elementos de prueba como dispositivos electrónicos incautados, ofrecían una base jurídica suficiente para estudiar estos crímenes bajo el marco del sistema transicional.

No obstante, la familia de Gómez Hurtado expresó que considera improcedente que la JEP asuma el esclarecimiento del asesinato, debido a que persisten hipótesis diferentes a la de la participación de las Farc.

Desde su óptica, existe el riesgo de que la jurisdicción transicional cierre prematuramente líneas de investigación que podrían involucrar a otros actores con capacidad de decisión en el momento de los hechos.

“La JEP no tiene legitimidad para intervenir en un proceso que aún no ha sido resuelto plenamente por las autoridades judiciales ordinarias. La familia ha sido insistente en su solicitud de justicia y no renunciará a las acciones necesarias para asegurar una verdad integral sobre el asesinato del doctor Gómez Hurtado”, manifestó Enrique Gómez Martínez. Según anunció, se interpondrán los recursos que la ley permite y se acudirá a instancias nacionales e internacionales para impugnar la competencia asumida por el tribunal transicional.

La JEP, por su parte, reiteró que su decisión no implica exclusividad en la investigación, y que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pueden continuar con sus respectivas indagaciones.

Esta aclaración cobra relevancia, ya que en varios de los homicidios señalados existen teorías concurrentes sobre los posibles responsables.

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