Caso Ungrd: Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Tal como lo anticipó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad sostuvo que ambos habrían intervenido en acuerdos ilícitos para direccionar contratos y beneficios políticos.

En esa misma línea, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia —encargado de la macroinvestigación del caso— formalizó la petición tras considerar que los exfuncionarios serían presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según el ente acusador, las evidencias apuntan a un esquema de direccionamiento de recursos a favor de congresistas.

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De igual manera, la medida solicitada contempla privación de la libertad en centro carcelario. Expertos penalistas consultados indicaron que, de ser encontrados responsables, los exministros se enfrentarían a penas superiores a los 12 o 15 años de prisión, debido al concurso de delitos señalado por la Fiscalía. Con ello, el proceso avanza hacia una etapa clave para determinar responsabilidades judiciales.

Aunque desde hace más de un año la Fiscalía había anunciado que imputaría a Bonilla, el trámite contra Velasco era desconocido públicamente. No obstante, el exministro del Interior se presentó en septiembre ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para cumplir una citación de arraigo, gesto que dejó ver que el proceso avanzaba de manera reservada en su contra.

El caso se remonta a 2023, cuando —según las investigaciones— ambos exministros habrían sostenido reuniones para favorecer a congresistas con contratos a cambio de apoyo político en el Congreso, especialmente para asegurar cupos en las comisiones económicas.

En el centro del escándalo se encuentra María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y pieza clave del proceso. Según el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía en julio, Bonilla le habría impartido instrucciones directas para beneficiar ilícitamente a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito, con el objetivo de facilitar la aprobación de créditos estratégicos para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los congresistas mencionados en el expediente son Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manrique (curul de paz), Julián Peinado (Partido Liberal), el exrepresentante Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), además de los senadores Liliana Bitar (Conservador) y Juan Pablo Gallo (Liberal). Con la radicación de la solicitud de imputación, el proceso entra en una fase decisiva para esclarecer el alcance de la red de corrupción en la Ungrd.

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