Caso UNGRD: a la cárcel César Manrique, su hija, su cuñada y otras cinco personas por corrupción

Luego de valorar los elementos materiales probatorios y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían implicadas en la defraudación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los demás afectados con la decisión son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la Ungrd; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la Ungrd Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

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Manrique Soacha y los demás señalados involucrados en el tramado de corrupción fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

En el curso del proceso liderado por un equipo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte suprema de Justicia se obtuvieron evidencias que dan cuenta de que el exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos.

En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por $29.000 millones, con la Corporación Mixta Yapurutú.

Aquí fueron detectados sobrecostos por $13.164 millones, de los cuales $3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha, $2.060 millones a Riveros Rey y $6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

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