CICR documenta más de 2000 desapariciones en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz

La desaparición de personas continúa siendo una de las consecuencias más graves del conflicto armado en Colombia, una tragedia que impacta profundamente a las familias y a la sociedad en su conjunto. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que entre el 1 de diciembre de 2016, fecha en que entró en vigor el Acuerdo de Paz, y el 31 de julio de 2025, se documentaron 2.144 casos de desaparición, la mayoría de ellos civiles, incluidos 201 niños, niñas y adolescentes.

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De esos casos, 764 familias han recibido respuestas: 574 personas fueron encontradas con vida y reunidas con sus seres queridos, mientras que en 190 se confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna. No obstante, 1.380 casos permanecen abiertos, lo que mantiene a miles de familias en la incertidumbre. El CICR advirtió que estas cifras solo reflejan los hechos conocidos directamente por la organización y no la magnitud real del fenómeno.

“En este Día Internacional de las Personas Desaparecidas acompañamos a las familias que llevan años, incluso décadas, esperando noticias de sus seres queridos, y también a aquellas que hoy enfrentan desapariciones recientes. Todas ellas nos recuerdan que cada búsqueda es urgente y que no podemos dejar de estar a su lado”, afirmó Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección del CICR en Colombia.

El organismo internacional subrayó que las familias afectadas requieren una alternativa estatal de búsqueda de carácter humanitario, independientemente de la fecha de la desaparición. 

Sin embargo, hoy quienes enfrentan casos posteriores al 1 de diciembre de 2016 no cuentan con esta posibilidad, dado que el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) solo cubre hechos anteriores a esa fecha. Por ello, el CICR instó al Estado a ampliar y fortalecer los mecanismos de búsqueda para garantizar el derecho de las familias a saber.

Otro reto urgente señalado en el informe es la identificación de cuerpos de víctimas de violencia que permanecen sin reconocer. Aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) es la entidad encargada de esta labor, sus limitaciones de recursos humanos, financieros y de infraestructura impiden responder a la magnitud de la demanda. 

“Cada cuerpo recuperado que no es identificado prolonga la incertidumbre de una familia y de su comunidad”, advirtió el CICR.

“No saber qué pasó con un ser querido es una herida abierta. Esa incertidumbre prolongada es un dolor que no termina. Por eso es fundamental que exista una alternativa humanitaria estatal que cubra todas las desapariciones y que se fortalezcan las capacidades del sistema medicolegal”, agregó Kemper.

Finalmente, el CICR recordó que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, todas las partes de los conflictos armados están obligadas a prevenir las desapariciones, proporcionar información sobre el paradero de las personas y asegurar que los cuerpos de las víctimas sean identificados y entregados dignamente a sus familias.

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