Consejo de Estado ordena a Petro y Benedetti rectificar acusaciones contra el personero de Ocaña

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de cinco días las declaraciones en las que vincularon al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, con actividades del Eln. La decisión responde a la tutela presentada por Bohórquez en julio de 2025, en la que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad, la honra y el buen nombre.

Según el Alto Tribunal, las manifestaciones realizadas por el jefe de Estado y el ministro carecieron de sustento fáctico y generaron un impacto directo en la integridad del funcionario local. En ese sentido, la sentencia establece medidas puntuales para garantizar la rectificación pública de las afirmaciones hechas el 21 de abril de 2025, fecha en la que ambos funcionarios insinuaron una supuesta colaboración de Bohórquez con el grupo guerrillero.

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En el caso del presidente Petro, el fallo ordena que “en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente”. Deberá hacerlo de forma clara, directa y ajustada a los principios de veracidad y objetividad exigidos a la función pública.

Por su parte, el ministro Benedetti deberá “publicar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta providencia, y mantener por tres meses, un mensaje en su cuenta personal de X” mediante el cual rectifique sus declaraciones. El mensaje, además, deberá etiquetar al personero de Ocaña y cumplir estándares de rigor, respeto y responsabilidad institucional.

Adicionalmente, la providencia ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar, en un plazo de veinte días, un nuevo estudio técnico de riesgo que evalúe la eficacia del esquema de seguridad vigente para Bohórquez y determine si son necesarios ajustes adicionales para garantizar su integridad.

Con esta decisión, el Consejo de Estado busca restablecer los derechos del personero y recalcar la responsabilidad de los altos funcionarios públicos en el uso de declaraciones que puedan afectar la reputación y seguridad de ciudadanos y servidores del Estado.

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