Corte Constitucional aparta al magistrado Jorge Enrique Ibáñez del debate sobre la emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió por unanimidad apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la discusión relacionada con la emergencia económica, luego de declarar fundado el impedimento que él mismo presentó tras ser recusado por la Presidencia de la República.

La recusación, interpuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se basó en que Ibáñez habría conceptuado previamente sobre el decreto de emergencia económica en una entrevista, lo que, a juicio del Gobierno, vulneraba la causal que prohíbe a los jueces pronunciarse anticipadamente sobre asuntos sometidos a su decisión.

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“Las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan, no solo con la decisión de constitucionalidad que debe adoptar la Corte, sino de manera directa con la resolución de las solicitudes de suspensión provisional”, se lee en la recusación incorporada al expediente de la emergencia económica.

Un día después de presentada la recusación, el magistrado Ibáñez radicó su impedimento, en el que se defendió de los señalamientos y sostuvo que sus declaraciones se limitaron a explicar el trámite del decreto, en un contexto en el que, según él, la ciudadanía exigía claridad sobre el control constitucional de los nuevos impuestos. No obstante, la Sala Plena terminó dándole la razón al Presidente y aceptó su separación del proceso.

Con esta decisión, Ibáñez no participará en la discusión de la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien solicitó la suspensión temporal del decreto “madre” de la emergencia económica mientras la Corte adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

El magistrado tampoco podrá votar en el proceso a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, encargado de estudiar el decreto reglamentario 1474 de 2025, mediante el cual se establecieron impuestos como el IVA del 19% a las bebidas alcohólicas, a las apuestas en línea y a los patrimonios superiores a $2.000 millones. En este caso, Cortés también propuso una medida cautelar parcial, limitada a los impuestos indirectos.

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