Corte Constitucional pide pruebas clave para decidir si tumba decretos de emergencia económica del Gobierno Petro

El magistrado Carlos Camargo, de la Corte Constitucional, ordenó la práctica de una serie de pruebas dentro del estudio de exequibilidad de los decretos de emergencia económica expedidos por el Gobierno nacional, una decisión que será determinante para establecer si dichas medidas se mantienen o son declaradas inconstitucionales.

Entre las pruebas decretadas, Camargo solicitó conceptos a un grupo de expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario, quienes deberán pronunciarse sobre si el Decreto Ley 1390 de 2025 cumple o no con los tres presupuestos exigidos para la declaratoria del estado de emergencia: el fáctico, el valorativo y el de suficiencia.

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El requerimiento fue dirigido a Juan Carlos Echeverry Garzón, Jorge Iván González Borrero, Roberto Insignares Gómez, Lisandro Junco Riveira, José Antonio Ocampo Gaviria, Hugo Palacios Mejía, Santiago Pardo Ramírez, Mauricio Plazas Vega, José Manuel Restrepo Abondano y Juan Camilo Restrepo Salazar, quienes deberán entregar sus análisis técnicos al alto tribunal.

Adicionalmente, la Corte notificó a la Presidencia de la República para que, si lo considera pertinente, remita en un plazo máximo de tres días un documento en el que explique las razones que sustentan las medidas adoptadas durante la emergencia económica. Estas pruebas serán fundamentales para evaluar la legalidad de disposiciones orientadas al recaudo de cerca de $11 billones destinados al presupuesto de 2026.

Otra de las pruebas que generó especial atención está relacionada con el nombramiento en encargo de Irene Vélez. En ese sentido, el magistrado solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que informe sobre la situación administrativa de las ministras y ministros que firmaron el decreto matriz, y si se encontraban debidamente posesionados y en ejercicio de sus funciones al momento de su expedición. También pidió el acto administrativo mediante el cual se designó en encargo a Vélez como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De manera paralela, la Corte Constitucional solicitó a la Procuraduría General de la Nación que emita un concepto adicional sobre la decisión del Ejecutivo, el cual deberá ser entregado en un término de 10 días hábiles.

Con este conjunto de pruebas, el alto tribunal busca definir si se mantienen los decretos de Emergencia Económica o si se revierte la decisión del Gobierno de aumentar el IVA del 5% al 19% a productos como licores, cigarrillos, juegos de azar y compras en línea superiores a US$50, entre otros impuestos establecidos bajo el amparo de la emergencia.

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