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De magistrado a delincuente: condenado a más de cuatro años prisión por prevaricato
Administraba justicia y profería sentencias. Ahora pasó a prisionero tras infringir la ley.
El exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Taylor Ivaldy Londoño Herrera, recibió una condena de 51 meses de prisión por parte de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue tomada en las últimas horas y responde al delito de prevaricato por acción. Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 85 meses y una multa equivalente a 70,83 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El fallo también concedió al condenado la posibilidad de cumplir su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En contraste, fue absuelto del cargo de falsedad ideológica en documento público, del cual también era acusado.
Contexto de la condena
La sanción impuesta al exmagistrado se relaciona con decisiones adoptadas el 7 de octubre de 2015. En esa fecha, Londoño Herrera canceló órdenes de captura que pesaban sobre Alexander Moreno Carvajal, un exmilitar condenado previamente por delitos de secuestro y homicidio.
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Según la Fiscalía General de la Nación, esta acción benefició directamente los intereses jurídicos del exintegrante del Ejército y, al mismo tiempo, vulneró las normas de reparto que regulan el sistema judicial.
El tribunal superior concluyó que Londoño desvirtuó el propósito de las medidas provisionales que deben garantizar la protección de derechos fundamentales en riesgo mientras se resuelve una tutela.
Sus acciones fueron consideradas contrarias a los principios legales y éticos que rigen el ejercicio de la función pública.
Análisis del fallo
La Corte Suprema enfatizó que Londoño Herrera actuó al margen de los principios de responsabilidad que debe observar quien ejerce un cargo público. Según la sentencia, “el enjuiciado dejó de lado el compromiso adquirido al asumir su cargo, al no cumplir con los deberes establecidos por la Constitución y la ley”.
Este comportamiento fue descrito como una amenaza para la integridad del sistema judicial.
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