Defensoría del pueblo pidió atención psicosocial inmediata a víctimas de violencia sexual en Guaviare

Este viernes, la Defensoría del Pueblo entregó una preocupante cifra sobre la vulneración de los derechos de los menores de edad en Guaviare, se investigan casos de abuso sexual contra niñas de comunidades indígenas de la región.

El año 2022 fue el que obtuvo más acciones jurídicas emprendidas por hechos en los que resultaron afectados niños, niñas y adolescentes en pueblos indígenas, especialmente los Jiw y Nükak.

Carlos Camargo, titular del despacho, hizo un llamado de atención a las entidades gubernamentales del orden regional y nacional, para tomar acciones necesarias para enfrentar esta vulneración de derechos que se han agravado con las recientes denuncias, el funcionario indicó:

"Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el rechazo a todo hecho que atente contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, particularmente de los niños, niñas y adolescentes".

La cifras del organismo muestran que durante todo el 2022, desde la Regional Guaviare, se adelantaron más de 300 acciones por la afectación que han sufrido los menores en materia de derechos a la salud, retorno o reubicación de comunidades con la cual se busca su protección, entre otras.

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A través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, se ha venido brindando apoyo, asesoría y representación judicial y extrajudicial a 256 personas de especial protección constitucional.

Se destaca el acompañamiento al 100% de los casos de violencia contra la integridad sexual en esta zona del país, además, Camargo señaló:

"Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención".

Los resultados del trabajo adelantado por la Defensoría del Pueblo serán presentados en un informe especial que será mostrado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la nación, con el fin de buscar la garantía de los derechos de la población en el departamento.

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