Detalles de la imputación a la exministra Cecilia Álvarez en caso Odebrecht

Este jueves 6 de julio es la fecha marcada en el calendario judicial colombiano para una nueva entrega en la continuada saga de la multinacional brasileña Odebrecht y su controvertido capítulo colombiano. 

Ese día, la Fiscalía General de la Nación levantará formalmente una serie de cargos contra la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez. La acusación pone en el punto de mira a la que fuera figura prominente en el gobierno de Juan Manuel Santos y la conecta con la persistente trama de corrupción de Odebrecht que ha sacudido a Colombia.

La Fiscalía ha trazado un camino que lleva a Álvarez a responder ante la justicia por la Ruta del Sol II, un proyecto vial enmarcado en una serie de supuestas fallas en la contratación y por los montos sustanciales adicionados para, al parecer, asegurar que Odebrecht financiara la campaña presidencial de 2014.

Los hechos señalan a Álvarez en la dirección de la cartera de transporte desde septiembre de 2012 hasta agosto de 2014, un periodo de tiempo en el que otorgó su respaldo a la firma de dos acuerdos adicionales (otrosíes) en el contrato de la Ruta del Sol II. Estos otrosíes tenían como fin la construcción de varios tramos en la ruta Ocaña – Gamarra, situada entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

Según la Fiscalía, Álvarez emitió una resolución el 22 de julio de 2014 que posibilitó a la concesionaria Ruta del Sol añadir dos nuevas estaciones de peaje e incrementar el costo en otras cinco ya existentes. Este movimiento se realizó como parte del cumplimiento de las cláusulas en los otrosíes para asegurar más fuentes de financiación a la concesionaria, entre cuyos participantes se encontraba Odebrecht.

El organismo de investigación ha destacado la existencia de pruebas que sugieren la presencia de irregularidades contractuales. Las evidencias recogidas hasta la fecha indican que las adiciones y otros actos se llevaron a cabo sin los estudios técnicos que debían respaldarlos y sin la autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), contraviniendo lo que la legislación nacional exige.

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De acuerdo con la Fiscalía, el tramo Ocaña – Gamarra no guardaba relación con el objetivo principal del contrato Ruta del Sol II, por lo que debería haberse gestionado a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública.

Además, la Fiscalía sostiene que las acciones de Álvarez habrían favorecido a la concesionaria Ruta del Sol y habrían beneficiado a un proyecto fluvial en el río Magdalena. 

Este proyecto tenía la intención de establecer una terminal en Gamarra (Cesar), asegurando así una vía de acceso principal a través del tramo Ocaña – Gamarra, añadido a la Ruta del Sol II. La imputación de cargos tendrá lugar de manera virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Y es que en enero de 2021, se mencionó a Otto Bula y a Cecilia Álvarez en el contexto del contrato Ocaña-Gamarra. Otto Bula, exsenador, afirmó tener información relevante relacionada con el contrato y su asignación. Según él, esta situación proporcionó beneficios a varias partes involucradas.

El testimonio de Bula se produjo en medio del proceso judicial en contra de Luis Fernando Andrade, quien ocupó la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Andrade se encontraba bajo investigación debido a su posible implicación en el escándalo que involucraba a la empresa Odebrecht.

Bula, previamente sentenciado en este caso de corrupción, aseveró que Cecilia Álvarez Correa, exministra, tenía un papel crucial en el contrato para la construcción de la vía Ocaña - Gamarra. Este contrato se asignó a Odebrecht en 2009.

De acuerdo con Bula, se realizaron pagos significativos para respaldar campañas que, en última instancia, favorecerían la asignación directa del proyecto como un adicional al contrato de la Ruta del Sol II. 

Al presentar esta información bajo juramento, Bula argumentó que había un “acuerdo” del Gobierno de ese tiempo con el adicional del contrato. Según él, de este contrato derivarían fondos para las campañas.

La declaración de Bula se realizó de manera virtual, durante un proceso judicial. Bula, en confinamiento, afirmó que los fondos para este financiamiento provinieron de Odebrecht.

Bula alegó que la manera de recibir estos fondos se acordó entre Andrade, Cecilia Álvarez Correa, Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías y los directivos de Odebrecht.

Bula relató una situación en la que se presionó a Odebrecht para obtener financiamiento. Según Bula, Odebrecht necesitaba la seguridad de que el adicional del contrato estaría garantizado. Bula relató una reunión entre Andrade, Elías, Martorelli y Correa, seguida por una solicitud de Martorelli para reunirse con Bula.

Además, Bula afirmó que Álvarez tenía intereses personales en el contrato. Señaló que la Sociedad Portuaria, que tiene lazos familiares con Gina Parody, exministra de Educación, poseía un terreno clave en Gamarra que se vería beneficiado por el contrato.
 

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