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Fiscal Luz Adriana Camargo rindió cuentas a sus electores, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Explicó a los togados dudosos su proceder en caso Calarcá y otros escándalos.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se presentó este miércoles ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para exponer los avances y las decisiones adoptadas en el marco del proceso que involucra a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al Ejército Nacional y a integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
La comparecencia de la jefe del ente acusador ocurre luego de que se evidenciaran retrasos en una investigación iniciada tras la incautación de dispositivos electrónicos durante una operación en Anorí, Antioquia, en julio de 2024.
Según confirmó la Fiscalía, el propósito del encuentro fue compartir con los magistrados la gravedad de los hallazgos obtenidos recientemente y justificar las medidas adoptadas para reactivar una indagación que estuvo detenida por más de un año.
La investigación, que originalmente había sido asumida por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Medellín, no había producido resultados concretos pese a la legalización judicial del material incautado y a su relevancia potencial para la seguridad nacional.
El caso tiene origen en la interceptación de una caravana que transportaba a miembros de la estructura disidente conocida como Estado Mayor Central.
Durante la operación, realizada el 23 de julio de 2024 en jurisdicción del municipio de Anorí, las autoridades se incautaron de computadores, teléfonos móviles, discos duros y otros dispositivos electrónicos.
Entre los elementos decomisados se presume que hay información perteneciente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, uno de los jefes visibles de esa disidencia armada.
Al comprobar que durante 16 meses no se efectuaron diligencias sustanciales sobre el material extraído, la fiscal Camargo dispuso la intervención directa del delegado contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional, con el fin de asumir el liderazgo de las pesquisas y trazar cinco líneas prioritarias de investigación.
La primera línea se enfoca en establecer si agentes de inteligencia o integrantes activos del Ejército Nacional fueron objeto de cooptación o influencia indebida por parte de las disidencias.
Esta línea contempla la posibilidad de que miembros de la fuerza pública hayan facilitado información sensible o hayan actuado bajo instrucciones de estructuras criminales.
La segunda línea busca identificar eventuales amenazas a la seguridad nacional contenidas en los documentos y archivos recuperados.
En particular, se revisará si existen indicios sobre planes de atentados o acciones coordinadas en contra de instituciones públicas o figuras del ámbito político o militar.
Una tercera línea apunta a determinar si organizaciones armadas ilegales realizaron aportes económicos a la campaña presidencial del actual Gobierno.
La Fiscalía rastreará movimientos financieros y buscará conexiones entre personas naturales o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas y el financiamiento electoral.
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La cuarta línea plantea la existencia de posibles alianzas entre diferentes estructuras ilegales, lo que incluiría acuerdos estratégicos para el control territorial, el tráfico de estupefacientes o la contratación de servicios de seguridad.
Finalmente, la quinta línea examina la hipótesis de que se hayan constituido empresas de vigilancia o seguridad privada que operan como fachadas para las disidencias, prestando servicios en zonas específicas o facilitando la circulación de información sensible.
La Fiscalía precisó que, hasta el momento, ninguna de las instancias superiores que conforman la jerarquía interna del ente investigador —incluyendo el despacho de la fiscal general, la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la propia Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales— había recibido durante los últimos 16 meses reportes formales, copias del material recolectado ni actualizaciones relacionadas con posibles conductas punibles en el marco de esta indagación.
No obstante, tras la presentación de la funcionaria los magistrados de la Corte en privado señalaron en parte su insatisfacción por la gestión de la fiscal no sólo en este caso, sino en general e hicieron un llamado también privado a mejorar la gestión al frente del organismo investigador.
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