Fiscalía judicializa a 40 personas investigadas por amenazas a jueces en Tuluá

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de resolver los casos de amenazas dirigidas a jueces, funcionarios públicos y abogados, así como los incidentes de violencia ocurridos en Tuluá (Valle del Cauca), se ha conseguido la judicialización de 40 individuos presuntamente implicados en estos actos delictivos.

La mayor parte de los enjuiciados son supuestos miembros de organizaciones criminales con actividad delictiva en dicho municipio. De ellos, 12 enfrentan cargos por homicidio, 26 por conspiración para delinquir, y dos por amenazas dirigidas a un juez y un fiscal.

La estrategia

La estrategia implementada para hacer frente a la ola de violencia en esta región del país se articuló en torno a cinco líneas de acción: homicidio y tentativa de homicidio doloso; sucesos relacionados con el terrorismo urbano y conductas asociadas; amenazas dirigidas a defensores de derechos humanos y servidores públicos; investigaciones sobre lavado de activos y extinción del derecho de dominio; y delitos vinculados con la administración pública.

La implementación de acciones investigativas ha permitido una reducción notable en los homicidios. En lo corrido de diciembre no se ha presentado ningún caso y en octubre pasado cinco hechos.

En el ámbito de las finanzas criminales, se llevó a cabo la extinción de dominio de cinco propiedades, tres vehículos y dos títulos valores, con un valor estimado de aproximadamente $2.000 millones. Estos activos eran propiedad de una organización criminal dedicada a prácticas delictivas como la extorsión, homicidio y microtráfico en Tuluá.

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"Esta iniciativa se adelanta de manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Nivel Central y de la Seccional Valle del Cauca, la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio; además de la Sijín, Dijín, Sipol y el Gaula de la Policía Nacional", manifestó la Fiscalía.

Por último, durante el desarrollo de la estategia, el ente investigador judicializó a Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, por presuntamente haber ordenado el homicidio de Diego Fernando Vega Ramírez, dueño de una compraventa de café. 

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