Investigarán a jueza de Barranquilla por presunto intento de frenar recaptura de Emilio Tapia

La Comisión de Disciplina Judicial amplió la investigación contra la jueza Claribel Rodríguez, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por su presunta responsabilidad en maniobras que habrían demorado u obstaculizado la recaptura del empresario Emilio José Tapia, condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La decisión se produjo tras una nueva compulsa de copias emitida por la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, con base en información reciente que sugiere posibles irregularidades en las actuaciones del despacho de la jueza, las cuales habrían incidido en el retraso de la captura, según reveló la revista Cambio.

El caso se centra en la decisión adoptada por Rodríguez el 11 de abril de 2025, cuando concedió a Tapia el beneficio de libertad condicional, medida que fue apelada por la Procuraduría General de la Nación al considerar que el condenado no cumplía los requisitos legales de resocialización ni los tiempos mínimos de pena.

Seis meses después, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó esa medida y ordenó la captura inmediata del empresario. Sin embargo, la ejecución de la orden se demoró más de veinte días, periodo durante el cual Tapia permaneció en libertad, lo que generó cuestionamientos sobre la gestión judicial en Barranquilla.

El empresario fue recapturado el 31 de octubre en la clínica Altos del Prado de Barranquilla, a donde había ingresado para recibir tratamiento médico por supuestos problemas de hipertensión. Desde entonces, permanece recluido en la Penitenciaría de El Bosque.

Emilio Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, cumple una condena de seis años y cuatro meses por su participación en el desvío de 70 mil millones de pesos del contrato de conectividad entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el consorcio Centros Poblados. El dinero, destinado a llevar internet a zonas rurales, fue desviado mediante una red de empresas ficticias y sobrefacturaciones.

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La jueza Rodríguez ya estaba siendo investigada desde septiembre por su decisión de conceder la libertad condicional. En mayo, el expediente pasó a etapa formal y en septiembre se amplió por la presunta demora en resolver la apelación de la Procuraduría. Con la nueva compulsa de copias, la Comisión busca determinar si la funcionaria incurrió en conductas que favorecieron el incumplimiento de la orden de recaptura.

En un comunicado, la Comisión de Disciplina Judicial señaló que la ampliación del proceso se basa en indicios de “maniobras para demorar y obstaculizar la recaptura”. La entidad recordó que la detención de Tapia se produjo veinte días después de que el fallo revocatorio entrara en firme.

La jueza Claribel Rodríguez no se ha pronunciado públicamente sobre las nuevas acusaciones. En documentos previos del proceso, ha sostenido que su actuación se ajustó a la ley y que la libertad condicional se otorgó “con base en las certificaciones penitenciarias disponibles al momento de la decisión”.

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