JEP abre proceso contra Rodrigo Granda por secuestro y homicidio de Cecilia Cubas en Paraguay

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, asumió competencia para investigar al exintegrante del Secretariado de las antiguas FARC, Rodrigo Granda Escobar, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau, hechos ocurridos en Asunción el 21 de septiembre de 2004.

Según el expediente, la víctima fue privada de la libertad por integrantes del grupo armado paraguayo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con supuesta colaboración de miembros de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre ellos Granda, conocido en ese periodo como el “canciller” de la organización.

El proceso de secuestro, el manejo posterior de comunicaciones con la familia y la ejecución del crimen, fueron seguidos por autoridades paraguayas y colombianas desde el momento del plagio, hasta el hallazgo del cuerpo sin vida en febrero de 2005, enterrado en una residencia ubicada en las afueras de la capital paraguaya.

La JEP tomó la determinación de trasladar todo el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación, órgano que cumple funciones similares a una fiscalía dentro del sistema de justicia transicional, debido a que Granda no reconoció responsabilidad en los hechos.

Este traslado busca establecer si hay elementos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio. De ser hallado culpable en este procedimiento, podría imponérsele una pena privativa de libertad de hasta veinte años, en el marco de las sanciones propias previstas por el modelo de justicia restaurativa de esa jurisdicción.

La decisión de la JEP se da luego de diversas comunicaciones entre autoridades de Colombia y Paraguay, en las cuales el Estado paraguayo ha reiterado su interés en obtener la extradición de Granda.

Esta solicitud, fundamentada en investigaciones penales adelantadas por el Ministerio Público de Paraguay, ha sido sustentada con base en pruebas documentales y testimoniales que vinculan al exguerrillero con la planificación o apoyo logístico del secuestro, pese a que este ha negado cualquier implicación directa o indirecta en el caso.

El proceso de extradición se encuentra desde hace varios años bajo estudio de las autoridades judiciales y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que deben analizar si procede o no teniendo en cuenta el fuero otorgado por la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y la jurisdicción de la JEP sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

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Las investigaciones desarrolladas por Paraguay concluyen que el secuestro de Cecilia Cubas fue ejecutado con asesoría y entrenamiento recibido por miembros del EPP en campamentos de las FARC en Colombia, en años previos a la firma del acuerdo de paz.

Según los informes del Ministerio del Interior de Paraguay, el grupo insurgente buscaba reproducir en territorio paraguayo el modelo de lucha armada implementado por la extinta guerrilla colombiana, con orientación directa de algunos de sus mandos, entre ellos Granda.

Estas afirmaciones han sido reiteradas en audiencias públicas por voceros del gobierno paraguayo.

Cecilia Cubas Gusinky fue secuestrada cuando salía de su lugar de trabajo y trasladada a una vivienda donde fue mantenida cautiva durante varios meses.

Sus captores exigieron un rescate de medio millón de dólares, que fue pagado por la familia sin que ello garantizara su liberación.

Posteriormente, fue asesinada y enterrada en una fosa con señales de haber sido torturada. La conmoción causada por el crimen generó una crisis política y diplomática entre Paraguay y Colombia, en un contexto en el que ya se conocían vínculos operativos entre el EPP y estructuras extranjeras.

El proceso de la JEP ahora debe establecer si Rodrigo Granda incurrió en omisiones, autorizaciones o participación directa en la comisión del delito, y si existen elementos que justifiquen el paso del caso a una etapa judicial más avanzada.

La remisión del expediente a la Unidad de Investigación y Acusación marca un punto crítico en la revisión de los compromisos de verdad y responsabilidad adquiridos por los firmantes del acuerdo de paz.

Hasta el momento, Granda ha manifestado públicamente que se trató de un caso de persecución internacional y ha reiterado que nunca tuvo relación con las acciones armadas desarrolladas fuera del territorio colombiano.

No obstante, los documentos entregados por el gobierno paraguayo y la investigación de la JEP apuntan a revisar si su papel como enlace internacional de las FARC implicó colaboración o conocimiento de las operaciones del EPP.

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