Alcalde de Arauca paga gasolina de la Fuerza Pública ante falta de apoyo estatal

En el municipio de Arauca, capital del departamento fronterizo del mismo nombre, se ha intensificado la compleja situación de orden público como resultado de la persistencia de actividades armadas por parte de organizaciones ilegales que operan en la zona.

La autoridad local, representada por el alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos, ha señalado que ante la falta de recursos estatales disponibles para el funcionamiento de las unidades militares y policiales, se ha visto en la necesidad de cubrir con su propio dinero el suministro de gasolina para los vehículos de la Fuerza Pública, con el propósito de no interrumpir las labores de patrullaje y control territorial.

Este hecho, que fue confirmado públicamente por el mandatario, refleja un escenario de desatención estructural y de debilitamiento institucional que, según sus declaraciones, ha sido agravado por decisiones del Gobierno Nacional.

De acuerdo con su testimonio, los recortes presupuestales que afectan a las entidades de seguridad en el departamento no han sido producto de determinaciones municipales, sino que obedecen a disposiciones adoptadas desde instancias centrales, lo cual ha limitado las capacidades operativas de las fuerzas desplegadas en esta región.

El mandatario local explicó que ha destinado fondos personales para garantizar el abastecimiento de combustible en los automotores utilizados por la Policía Nacional, el Ejército y la Armada, con el objetivo de permitir la continuidad de operaciones estratégicas en un territorio donde persisten amenazas armadas y riesgos para la población civil.

Asimismo, indicó que su administración ha realizado inversiones complementarias en seguridad, como la adquisición de camionetas y un fusil con tecnología antidrones, para fortalecer las capacidades de defensa ante la presencia activa de estructuras irregulares.

En este contexto, el alcalde también denunció un ataque armado dirigido contra su jefe de seguridad, el subintendente Jorge Armando Tapias Pinto, quien fue blanco de disparos mientras se encontraba en un establecimiento nocturno del casco urbano de Arauca.

El hecho, que tuvo lugar durante la noche del sábado anterior, generó alarma entre los presentes y se desarrolló, según versiones preliminares, mediante el uso de armas largas.

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Qüenza Ramos atribuyó este atentado al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que mantiene presencia histórica en la zona y que ha sido señalada de múltiples acciones violentas en años recientes.

No obstante, también sostuvo que la responsabilidad no recae exclusivamente en dicho grupo armado, sino que incluye a las políticas actuales del Gobierno Nacional, a las cuales acusa de haber abandonado a las autoridades regionales y a la población civil en medio de un conflicto que se intensifica por la porosidad de la frontera con Venezuela, donde presuntamente se refugian los actores ilegales.

Para el alcalde, la situación refleja un abandono institucional prolongado que ha derivado en el fortalecimiento de redes criminales con capacidad de control territorial y acceso a rentas ilegales.

En sus declaraciones públicas, dirigidas tanto a los medios de comunicación como a las autoridades nacionales, insistió en que la desatención del Estado ha facilitado el crecimiento de estas estructuras y ha debilitado la capacidad de respuesta de las autoridades legítimas.

Pese al escenario adverso, el mandatario sostuvo que no cederá ante las presiones de los grupos armados ilegales y que continuará ejerciendo sus funciones con las herramientas que tenga a disposición, aunque ello implique asumir obligaciones financieras que le corresponden al Estado.

Según su criterio, los habitantes de Arauca no pueden quedar expuestos a los riesgos que representa la ausencia de patrullajes, operativos y acciones preventivas por parte de la Fuerza Pública.

La situación denunciada por el mandatario local pone en evidencia una cadena de dificultades administrativas, presupuestales y logísticas que afectan de forma directa la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un departamento que ha sido históricamente golpeado por el conflicto armado, y que en el contexto actual enfrenta una nueva escalada de tensiones en medio de limitaciones fiscales, presencia de actores ilegales transnacionales y ausencia de soluciones estructurales desde el nivel central del Estado.

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