JEP: de pobre gestión y ahora en alerta por presupuesto limitado

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, indicó que existe incertidumbre frente a los $500 mil millones que se requieren para la financiación de la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las Sentencias que se emitan como consecuencia de los macrocasos que atiende la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los recursos necesarios no han sido asignados dentro del Presupuesto General de la Nación, para llevar a buen término las sanciones propias (TOAR, Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador) y a la fecha el Ministerio de Hacienda ha reportado el desembolso de tan solo $20 mil millones.

Ante la JEP se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340 mil personas integradas en sujetos colectivos en calidad de víctimas.

La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para las TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo
plazo de las mismas.

Así mismo, no se tiene certeza de la financiación de losproyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias.

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Otro de los aspectos que preocupa a la entidad, es la administración de los bienes de las extintas FARC, en las auditorías de los años 2022 y 2024 realizadas a la SAE, se ha puesto de manifiesto la baja monetización de los bienes que permitieran contar con recursos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Adicionalmente, se presentan debilidades en el sistema de Justicia Transicional, con respecto a la articulación y coordinación interinstitucional para la implementación de sanciones y su financiación, entendiendo que las decisiones de las sentencias son de un mandato de hacer por parte de la JEP, lo que implica que el ejecutivo debe prever y garantizar la ejecución desde el punto de vista administrativo y financiero para el cumplimiento de las mismas.

Para el Contralor General, la falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos asociados tengan un impacto real y positivo en las víctimas, las comunidades afectadas y en los procesos de reincorporación, reintegración y definición de la situación jurídica de los comparecientes, afectando su seguridad jurídica.

La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones, puede llevar a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia.

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