Juez condena a cúpula del ELN por reclutamiento de 60 menores entre 2002 y 2019

Un juez del departamento de Antioquia declaró responsables a once jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos los máximos líderes del Comando Central (COCE), por el reclutamiento forzado de 60 menores de edad —24 mujeres y 36 hombres— entre 2002 y 2019. Aunque se conoció el sentido del fallo, la pena será definida en una audiencia prevista para febrero de 2026.

Según informó el medio Alerta Paisa, la decisión se basó en pruebas que demostraron un patrón sistemático de reclutamiento de menores, ejecutado bajo amenazas, engaños y coerción. La sentencia considera que estos hechos constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de la vinculación de niños y adolescentes a un conflicto armado.

Los casos se presentaron principalmente en el Bajo Cauca antioqueño, aunque también se registraron víctimas en Chocó, Valle del Cauca, Bolívar y Risaralda. Las investigaciones judiciales determinaron que la estructura del ELN utilizó campamentos y zonas rurales de difícil acceso para mantener bajo control a los menores, quienes eran obligados a realizar labores logísticas y de combate.

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Entre los condenados se encuentran los miembros del COCE Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito. También fueron hallados responsables los jefes de los frentes de guerra Occidental y Darío de Jesús Ramírez Castro, entre ellos alias “la Abuela”, alias “Cholo” y alias “Jefferson” o “Patacón”.

La guerrilla del ELN, con más de seis décadas de existencia, surgió en Santander inspirada en la revolución cubana y la Teología de la Liberación. En Antioquia mantiene presencia en subregiones como el Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste y Occidente, donde se disputa el control de economías ilegales y rutas del narcotráfico.

De acuerdo con informes de inteligencia, el grupo armado tendría al menos 300 combatientes y 600 colaboradores en el departamento, distribuidos en once frentes y compañías. Las autoridades advirtieron que esta sentencia marca un precedente importante en la persecución judicial por crímenes cometidos contra menores de edad durante el conflicto armado.

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