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A juicio alias ‘Chipi’ y ‘El Hermano’ por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

Los señalados habrían planeado y coordinado el magnicidio ocurrido en junio en el occidente de Bogotá.

Miguel Uribe 23
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 05/11/2025 - 19:23 Créditos: Miguel Uribe Turbay. Crédito: Facebook Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, por su presunta participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones, Arteaga Hernández sería el principal coordinador del plan criminal. Junto a González Cruz, habría definido los roles de los demás implicados antes, durante y después del atentado, en reuniones realizadas el 4 de junio y en otros encuentros posteriores en la localidad de Bosa y distintos puntos de la capital.

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Los elementos probatorios indican que alias Chipi también participó en las labores de seguimiento a la víctima y en el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el ataque. Además, habría sido quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay.

Tras el atentado, Chipi recorrió la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para asegurar el cumplimiento del plan, y luego huyó hacia el sector del Tintal, donde abordó un vehículo conducido por alias El Hermano. Desde allí, ambos se habrían dirigido a un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.

Durante el proceso, la Fiscalía estableció que González Cruz presuntamente vendió el teléfono celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentado, con el propósito de eliminar pruebas y obstruir la investigación.

Por estos hechos, los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento o destrucción de evidencia.

El caso continúa bajo seguimiento del ente acusador, que busca esclarecer en su totalidad los móviles y la red criminal detrás del magnicidio que estremeció al país.

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