Juzgado fija audiencia de imputación a César Manrique por presunto desvío de $100.000 millones en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación fijó para el martes 27 de mayo a las 9:00 a.m. la audiencia de imputación de cargos contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y figura cercana al presidente Gustavo Petro. Manrique es señalado de integrar una red que habría direccionado contratos y desviado recursos públicos por más de $100.000 millones desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manrique, quien hizo parte del M-19 y ha ocupado altos cargos distritales, fue condenado recientemente por irregularidades en la contratación de motocicletas durante la alcaldía de Petro. Su renuncia a la Función Pública en noviembre de 2024 coincidió con los señalamientos de la Fiscalía que lo relacionan con la estructura criminal que habría operado dentro de la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras.

Lea también: (Capturan en Cali a alias ‘Cristian’, disidente implicado en asesinato de líderes sociales)

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría intervenido en la modificación de un convenio interinstitucional para facilitar el desvío de fondos con fines políticos, según testimonios entregados por los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Este último fue el primero en ser condenado por el saqueo a la UNGRD, y en su confesión señaló a Manrique como una pieza clave.

Los delitos por los que será imputado incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según la Fiscalía, estas acusaciones hacen parte de una de las líneas más sensibles dentro de la macroinvestigación por corrupción en la gestión del riesgo en el país.

Junto a Manrique también serán imputadas otras siete personas, entre ellas funcionarios, contratistas y representantes de la Corporación Yapurutú. Algunos enfrentarán cargos adicionales como falsedad documental y lavado de activos, relacionados con presuntas maniobras para legalizar el dinero sustraído y encubrir las irregularidades contractuales.

El proceso forma parte de una serie de investigaciones que ha llevado a la caída de varios funcionarios cercanos al Ejecutivo por su presunta implicación en el desvío de recursos de la UNGRD. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer el alcance del entramado y las posibles responsabilidades políticas derivadas.

Otras noticias