Minería ilegal: el nuevo 'combustible' de los grupos armados

Durante la presentación del informe 'Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal', la Defensoría de Pueblo realizó una seria denuncia: La minería ilegal está emergiendo como la nueva fuente de financiación de los grupos armados.

En medio de la presentación, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó que la disminución de los cultivos está llevando a las estructuras criminales a involucrarse en negocios relacionados con la extracción ilícita de minerales. Esta actividad criminal se está convirtiendo en el nuevo motor de expansión de los grupos armados ilegales.

El informe resalta la importancia de comprender las diferentes dimensiones de la minería, especialmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, ya que son los ámbitos donde se encuentran los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

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"A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro", explicó Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo está construyendo el 'Observatorio de Derechos Humanos y Minería', y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial.

De las 39 alertas tempranas emitidas el año pasado por la entidad en el país, 16 advierten riesgos asociados a la minería ilegal, y en lo corrido de este año, de las 10 alertas emitidas, cuatro advierten los mismos riesgos.

"No vamos a bajar la voz frente a tales desafueros. En las últimas dos semanas emitimos cuatro Alertas Tempranas para varias regiones del territorio nacional. La situación de las comunidades en materia de vulneración de derechos, aunque es crítica, debe ser remediada", dijo el Defensor del Pueblo.

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