Orden de alejamiento contra la exesposa de Ricardo Leyva pese a videos que evidenciarían agresiones

Una decisión de la Fiscalía General de la Nación generó controversia en un caso de denuncias cruzadas por presunta violencia y extorsión. El ente investigador ordenó medidas de protección a favor del empresario de eventos Ricardo Leyva Páez y decretó una orden de alejamiento contra su exesposa, Karen Santos García, a pesar de que ella ha entregado a las autoridades videos y testimonios que darían cuenta de supuestas agresiones físicas y amenazas en su contra.

La determinación fue adoptada por el fiscal 175 local de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, en el marco de una investigación por presunta extorsión agravada denunciada por Leyva. Según la Fiscalía, el empresario manifestó un riesgo inminente derivado de supuestas amenazas de su expareja, entre ellas la divulgación de contenido íntimo y posibles afectaciones a su reputación profesional.

De acuerdo con documentos judiciales conocidos por la revista Cambio, la Fiscalía avaló la versión del empresario y ordenó la prohibición absoluta para que Karen Santos se acerque, contacte o se comunique con Leyva o con su núcleo familiar, salvo que exista una orden judicial que lo autorice. Cualquier eventual interacción, señala el despacho, deberá canalizarse exclusivamente a través de terceros y únicamente para cumplir mandatos legales.

Además de la orden de alejamiento, la Fiscalía dispuso que Leyva reciba atención prioritaria en cualquier Comando de Atención Inmediata (CAI) del país si manifiesta estar en riesgo, así como acompañamiento policial inmediato para verificar su seguridad. El oficio también contempla la socialización de rutas y protocolos de atención especializada para él y su familia.

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En contraste, Karen Santos no ha sido beneficiada con medidas cautelares, pese a que asegura haber sido víctima de violencia física y psicológica durante su matrimonio. Según su testimonio, sufrió agresiones que la obligaron a acudir a servicios de urgencias médicas y que le habrían causado pérdida parcial de la visión en uno de sus ojos.

Santos también afirmó haber entregado a la Fiscalía y a medios de comunicación un video en el que, presuntamente, Ricardo Leyva la persigue con un cuchillo mientras la amenaza de muerte. No obstante, hasta el momento, estas pruebas no se han traducido en medidas de protección a su favor ni en acompañamiento estatal.

El caso ha generado reacciones públicas, incluso desde el Gobierno nacional, y ha reavivado el debate sobre la respuesta institucional frente a denuncias de violencia de género. Según explicaron expertos citados por Cambio, la situación se explica, en parte, porque las denuncias cruzadas están siendo tramitadas por fiscales distintos, que no comparten información durante la fase preliminar de las investigaciones.

Este manejo fragmentado ha permitido que ambos procesos avancen de forma paralela y con decisiones opuestas: mientras el empresario denunciado recibe medidas de protección por una investigación de extorsión, la mujer que se presenta como víctima de violencia permanece sin amparo judicial.

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