Pastor en San Andrés fue enviado a prisión por presunto abuso sexual durante falsos rituales de sanación

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra John Jairo Leguia González, pastor y líder de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, por su presunta responsabilidad en delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento. El hombre fue enviado a un centro carcelario con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, el religioso habría utilizado su posición de autoridad espiritual para convencer a varias mujeres de participar en supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”. Durante estas ceremonias, según los testimonios recopilados, las feligresas eran persuadidas para desnudarse con el argumento de aplicarles aceite como parte del rito, situación que habría derivado en los abusos denunciados.

La Fiscalía señaló que se recibieron al menos cuatro denuncias de mujeres mayores de edad, cuyos relatos fueron determinantes para sustentar la imputación. En el material probatorio se evidenciaría que el pastor se aprovechó de la fe, la confianza y el estado de vulnerabilidad emocional de las víctimas para someterlas sexualmente.

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Según explicó la fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas, las mujeres quedaban en una condición de indefensión durante los rituales, lo que facilitaba la coacción y la comisión de los hechos investigados. El fiscal del caso calificó la conducta como aberrante, al considerar que se instrumentalizó la religión para cometer los presuntos delitos.

Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, Leguia González no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, la autoridad judicial ordenó su reclusión preventiva mientras continúa la recolección y valoración de pruebas.

El caso se suma a otros procesos similares registrados en el país, en los que líderes religiosos han sido investigados y condenados por abusos sexuales cometidos bajo el amparo de rituales espirituales, lo que ha reavivado el debate sobre la protección de los feligreses y la vigilancia a comunidades religiosas.

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