Radican proyecto de ley para la devolución de dineros y bienes no entregados por abogados

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a la Ley 1123 de 2007, mediante el cual la Corporación podrá ordenar la devolución de aquellos dineros, bienes o documentos ilegalmente retenidos por abogados en medio de procesos judiciales.

Actualmente, la Corte Disciplinaria investiga y sanciona a quienes mediante engaños o maniobras encaminadas a favorecer sus intereses particulares, se apropian de lo que por derecho les corresponde a sus clientes, y que es resultado del reclamo justo que promueven ante los estrados para hacer valer sus derechos, ya sea en medio de una demanda u otro tipo de recursos.

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Desde su creación en 2021, y con corte a 31 de enero de este año, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha impuesto 5.878 sanciones, 5.461 contra abogados y 417 contra funcionarios de la Rama Judicial.

Durante 2024 se aplicaron 1.888 sanciones, de ellas 1.840 contra abogados y 48 a funcionarios.

En ese periodo la Corte ha registrado 13.379 infracciones a la ley disciplinaria, más del 80 por ciento contra los deberes consagrados en la Ley 1123 de 2007, la misma que se reforma a través del proyecto radicado este martes.

Cabe señalar que la mayoría de las sanciones, las cuales van desde la censura hasta la exclusión, pasando por la suspensión, están relacionadas con faltas a la diligencia y faltas a la honradez y lealtad.

De hecho, por esas dos causales son más de 5 mil las infracciones reportadas, es decir casi el 50% del total.

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Actualmente, la Comisión investiga y sanciona a los responsables de estas conductas, pero para efectos de la devolución de sus propiedades, los ciudadanos deben acudir a otros mecanismos legales.

Con esta iniciativa legislativa de carácter ordinario, la Corte queda facultada para incorporar en sus fallos la orden de devolución de esos bienes, llámense dinero, predios o documentos.

El proyecto, que cuenta con las firmas de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco y 35 congresistas de diferentes partidos, supone dos etapas fundamentales: una, anterior a la decisión de la jurisdicción disciplinaria, para que las partes tengan un escenario de conciliación, de cuyo resultado dependerá el sentido y trasfondo de la sentencia definitiva.

Y una segunda, de verificación al cumplimiento, con la cual la Corporación hará seguimiento a la orden impartida para garantizar que el ciudadano reciba lo que le corresponde.

“Se trata de un paso histórico que nos acerca al propósito de consolidar una justicia para la gente”, manifestó el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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