Recusan al magistrado Jorge Ibáñez ponente en Corte Constitucional de ley de Paz Total

Se presentaron dos demandas de recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El togado se destaca por su participación como ponente en la discusión de la ley de 'Paz Total', un proyecto que genera controversia y cuyo desenlace podría modificar significativamente el escenario político nacional.

Las solicitudes de recusación se centran en la preocupación de que Ibáñez se haya alejado del debate. Esto se debe a que, según las demandas, el magistrado podría haber filtrado información confidencial sobre la dirección de la ponencia que pretende desmantelar la ley de 'Paz Total'. Los demandantes sostienen que este hecho podría haber expuesto la ley a una vulnerabilidad por posibles irregularidades procesales.

La ponencia que Ibáñez redactó, y que está bajo escrutinio público, busca anular la ley, alegando presuntas infracciones a los principios legislativos. Se argumenta que durante el proceso de creación de la ley no se tuvo en cuenta la opinión del Consejo de Política Criminal. Esta circunstancia habría abierto la puerta a la publicación irregular de documentos que debían mantenerse en reserva.

La filtración anticipada de la postura de la ponencia ha provocado críticas y controversia. Varios juristas han expresado su preocupación ante la Corte Constitucional, argumentando que este hecho podría generar presiones indebidas hacia el funcionario, lo cual pondría en peligro el equilibrio del poder público.

Los recusantes enfatizan la gravedad de la situación. Señalan que el acto de divulgar documentos relacionados con el debate puede interpretarse como un prejuzgamiento. En otras palabras, si los argumentos de la ponencia se conocen de antemano, la posición del ponente puede verse comprometida.

El principal temor es que este incidente pueda afectar el principio de presunción de constitucionalidad, un pilar fundamental en cualquier trámite legislativo. Los demandantes subrayan la importancia del control de constitucionalidad abstracto y advierten sobre la posibilidad de que este evento ponga en peligro derechos constitucionales de gran valor social, como la separación y división de funciones constitucionales.

En un segundo caso de recusación, el demandante expresa un punto de vista más directo, vinculando la pérdida de confianza en el magistrado con la divulgación anticipada del sentido de la ponencia. Según este argumento, la acción de Ibáñez ha generado dudas sobre su imparcialidad como juez, lo cual pone en entredicho la integridad del proceso judicial.

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