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Supervigilancia impone límites a las jornadas de perros de seguridad privada en Colombia

La entidad fijó horarios máximos y controles veterinarios obligatorios para garantizar el bienestar de los animales, en cumplimiento de la recién aprobada Ley Lorenzo.

Perro de seguridad privada
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 05/11/2025 - 07:49 Créditos: Perro de seguridad privada. Tomada de Freepik

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una nueva resolución que redefine las condiciones laborales de los perros empleados en el sector de seguridad privada. De acuerdo con la normativa, los caninos podrán trabajar un máximo de entre seis y ocho horas diarias, según el tipo de tarea asignada.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, que busca asegurar el bienestar de los animales y prohibir prácticas de adiestramiento que impliquen dolor o castigo. Las empresas deberán cumplir con estrictos estándares de salud, descanso y control veterinario.

“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia es necesario garantizar su bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, señaló Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

Según la resolución, los perros entrenados en detección de narcóticos o explosivos podrán trabajar hasta seis horas al día, mientras que aquellos dedicados a defensa o acompañamiento de vigilancia tendrán un máximo de ocho. Cada empresa deberá renovar anualmente su permiso para operar con perros de seguridad, presentar certificados médicos, pólizas de responsabilidad civil y convenios con clínicas veterinarias disponibles las 24 horas.

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El nuevo marco regulatorio surgió tras la muerte de Limonar, un perro de seguridad fallecido en 2023 en Bogotá en circunstancias que revelaron deficiencias en la supervisión del sector. Ese caso, junto al de Lorenzo —canino víctima de maltrato en 2022—, impulsó la creación de la ley que hoy lleva su nombre.

“Ese caso evidenció un vacío normativo y la urgencia de proteger a los caninos que trabajan en el sector privado”, recordó Álvarez, quien subrayó que la política pública apunta a una eventual sustitución tecnológica de los perros en funciones de vigilancia.

La Superintendencia precisó que la resolución aplica únicamente a empresas privadas y no afecta a los perros de la Policía o el Ejército, que cuentan con programas de bienestar y entrenamiento propios.

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