Tribunal avala interceptaciones telefónicas contra el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón

El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo previo y otorgó legalidad posterior a las órdenes de interceptación de comunicaciones contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otras nueve personas. La decisión reabre un proceso que investiga presuntas irregularidades contractuales ocurridas durante la administración de Rendón como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.

La Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, competente por la condición de aforado del mandatario, investiga los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, detrimento patrimonial y violación al régimen de inhabilidades. 

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El caso está relacionado con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI): el de Cuatro Esquinas, con un costo de $433 millones, y el de San Antonio de Pereira, por $836 millones, que en total suman $1.269 millones.

Las interceptaciones, que se extendieron por 71 días, se convirtieron en la base central de esta etapa de la investigación. Las órdenes judiciales fueron emitidas los días 14 y 27 de mayo de 2025, y las grabaciones fueron legalizadas inicialmente por el fiscal del caso en audiencia del 23 de julio. Sin embargo, la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, en funciones de control de garantías, negó la legalización de las escuchas.

La Fiscalía apeló la decisión y el Tribunal revocó el auto del 24 de julio de 2025, concluyendo que las grabaciones eran necesarias para el avance del caso. El fallo señaló que una de las conversaciones interceptadas a Rendón contenía una “presunta instrucción” para direccionar contratos a empresas específicas y que los CAI no entraron en funcionamiento en su momento. Según el ente acusador, el monitoreo de las líneas telefónicas era indispensable para recolectar pruebas tras detectar conversaciones relevantes sobre la ejecución de estas obras.

Además del gobernador Rendón, fueron interceptadas las comunicaciones de Martha Correa Taborda, secretaria general de la Gobernación; Hugo Parra, exsecretario de Gobierno de Rionegro; Carlos Gómez, exfuncionario y contratista; Hernán Álvarez, exfuncionario; Carlos Moreno, exfuncionario y contratista; Carlos Enrique Lopera, supervisor de contrato; María Teresa Vélez, representante legal de una empresa subcontratada; Duverney Pérez, exsubsecretario; y Guillermo Antonio Castro, excontratista.

Rendón calificó la medida de interceptación como “desproporcionada y atemporal”, asegurando que los hechos han sido objeto de investigación durante varios años. También señaló que estas acciones constituyen una violación a su intimidad y las atribuyó a una presunta persecución ideológica en su contra.

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