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Donald Trump ordena desmantelar el Departamento de Educación de EE.UU.
El presidente firmará una orden ejecutiva para devolver la autoridad educativa a los estados, mientras reduce el personal del departamento a la mitad.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para iniciar el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación. Esta medida, que busca devolver la autoridad en materia educativa a los estados, marca un paso significativo en la agenda de reformas del mandatario, quien ha criticado repetidamente la centralización de la educación a nivel federal.
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, obtenida por medios como USA Today, Trump ordenará a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que tome "todas las medidas necesarias" para facilitar el cierre del departamento. La firma del documento se llevará a cabo en una ceremonia en la Casa Blanca, a la que asistirán varios gobernadores republicanos, entre ellos Ron DeSantis de Florida y Glenn Youngkin de Virginia, así como comisionados de educación estatales.
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Aunque el cierre definitivo del Departamento de Educación requiere la aprobación del Congreso, la orden ejecutiva representa un esfuerzo por debilitar su estructura y reducir su influencia. Esta iniciativa se enmarca en la visión de Trump de un gobierno federal más pequeño y en su promesa de devolver el control de la educación a los estados y las comunidades locales.
En los últimos días, la Administración de Trump ha tomado medidas concretas para reducir la capacidad operativa del Departamento de Educación. Linda McMahon anunció en un comunicado que se pondrá en baja administrativa a la mitad del personal del departamento a partir del 21 de marzo. Cuando Trump asumió el poder en enero, el departamento contaba con 4.133 empleados; tras esta decisión, la cifra se reducirá a 2.183 trabajadores.
Este recorte de personal es visto como un paso preliminar hacia el desmantelamiento total del departamento. Además, se espera que muchas de sus funciones sean transferidas a agencias estatales o eliminadas por completo, lo que ha generado preocupación entre defensores de la educación pública y sindicatos de maestros.
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