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Estados Unidos confisca avión oficial de Nicolás Maduro en República Dominicana
La aeronave, valorada en $US13 millones, fue incautada en una operación que involucra sanciones y colaboración internacional.
![Nicolás Maduro 23 agosto](/sites/default/files/styles/imagen_principal_contenidos_2021/public/2024-08/Nicol%C3%A1s%20Maduro%2023%20agosto.jpg.webp?itok=sjQYapNH)
En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos confiscó el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado lunes 2 de septiembre en República Dominicana. La aeronave, descrita como el equivalente venezolano al Air Force One y valorada en $US13 millones de dólares, fue trasladada inmediatamente a Florida como parte de una operación que involucró a varias agencias federales estadounidenses y las autoridades dominicanas.
Según funcionarios estadounidenses, esta incautación está enmarcada dentro de las sanciones impuestas a Venezuela y responde a presuntas violaciones relacionadas con la adquisición del avión. La acción representa un mensaje contundente del gobierno estadounidense: "nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", señalaron los funcionarios a CNN.
La operación, que tuvo lugar tras meses de presencia del avión en territorio dominicano, se realizó en estrecha colaboración con las autoridades locales, quienes notificaron a Venezuela sobre la confiscación. La incautación de un activo de tal relevancia y simbolismo es un hecho sin precedentes en las relaciones entre ambos países.
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La confiscación del avión se suma a una serie de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En abril de 2024, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el sector petrolero venezolano, acusando al gobierno de Maduro de incumplir compromisos electorales, incluyendo la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, EE.UU. ha intensificado sus críticas al régimen chavista, señalando irregularidades en el proceso electoral y cuestionando la transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo.
En respuesta, el gobierno de Venezuela ha rechazado las acciones y acusaciones de Estados Unidos. El canciller Yván Gil afirmó que su país "no debe explicaciones" sobre la reelección de Nicolás Maduro y calificó las críticas del Departamento de Estado como una "intervención indebida en los asuntos internos" del país sudamericano.
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