Sanciones de EE.UU. a Venezuela por caso de opositora Maria Corina Machado y otros

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar parte del alivio de sanciones que había concedido anteriormente a Venezuela. Esta decisión surge como una respuesta directa a las acciones del máximo tribunal de Venezuela, que ha bloqueado la candidatura presidencial de una prominente líder de la oposición venezolana.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido un plazo límite, fijado para el 13 de febrero, para que las empresas involucradas en transacciones con la minera estatal venezolana finalicen sus operaciones. 

Esta medida revierte una autorización previa concedida en octubre, cuando se permitieron las transacciones con Minerven, la empresa minera estatal. 

Este cambio de política se produjo después de que el gobierno de Nicolás Maduro y una facción de la oposición respaldada por Estados Unidos alcanzaran un acuerdo para establecer condiciones equitativas previo a las elecciones presidenciales.

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Sin embargo, el escenario político en Venezuela sufrió un duro revés el viernes, cuando el tribunal supremo del país, alineado con el gobierno de Maduro, confirmó la inhabilitación de María Corina Machado para desempeñar cargos públicos durante 15 años. 

Machado, una exlegisladora, había obtenido una victoria aplastante en las primarias presidenciales de la oposición, a pesar de haber sido inhabilitada por la Contraloría General del país poco después de su inscripción formal en la contienda en junio.

En una reciente declaración, Machado desafió abiertamente al presidente Maduro, insistiendo en su participación en la carrera presidencial a pesar de la ratificación de su inhabilitación por parte del Tribunal. 

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Por su parte, el presidente Maduro cuestionó las intenciones de la oposición, sugiriendo que demandan sanciones cuando no se cumplen sus deseos.

La inhabilitación política en Venezuela es una medida que se aplica tras una sentencia judicial firme por delitos que implican abuso de poder o del cargo, entre otras circunstancias. 

Esta práctica ha sido aplicada en diversas ocasiones a figuras destacadas de la oposición y ha llevado a la ilegalización de varios partidos políticos opositores.

Machado, quien ha continuado su campaña a pesar de la decisión de la Contraloría y del fallo del Tribunal Supremo, enfatizó que el pueblo ya ha elegido a su candidato y acusó al gobierno de incumplimiento y manipulación. 

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Expresó su confianza en que la decisión será eventualmente revertida y agradeció el apoyo internacional, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, ha señalado que la descalificación de Machado contradice el compromiso del gobierno de Maduro de celebrar elecciones presidenciales libres y justas. 

En respuesta, Washington ha indicado que está revisando su política de sanciones hacia Venezuela, dada la reciente sentencia del tribunal y las acciones contra críticos del gobierno.

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, negó la posibilidad de revertir el fallo y expresó su compromiso de mantener el Acuerdo de Barbados a pesar de los retos actuales.
 

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