ABC de la reforma política presentada por gobierno de Gustavo Petro

El ministerio del Interior presentó a consideración del Congreso el proyecto de ley mediante el cual reforma la política en Colombia.

Según la entidad, "se tramitará en el Congreso con el fin de fortalecer la democracia colombiana, garantizando procesos más transparentes, justos y representativos. Esta propuesta de reforma, radicada en la
Comisión primera de la Cámara de Representantes se fundamenta en tres pilares: (i) la financiación predominantemente estatal de las campañas políticas, (ii) listas cerradas para elecciones a corporaciones públicas y (iii) una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista”.

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Asegura el gobierno que busca implementar soluciones efectivas contra la corrupción en el sistema electoral, fortalecer y consolidar los partidos políticos como instrumentos de participación y representación
ciudadana y consolidar un sistema electoral confiable, imparcial, transparente y garantista.

Asegura que estos son pasos fundamentales e impostergables para restaurar y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones y el proceso democrático del país.

La reforma presentada por el Gobierno Nacional, asegura el ministerio, pone de presente la constante necesidad de actualización de las instituciones de la democracia colombiana y busca avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz de 2016, y particularmente con las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.

Indica que problemas  como la personalización política, la fragmentación de los partidos y la falta de transparencia en la financiación perpetúan el clientelismo y facilitan la cooptación de los procesos democráticos.

Reformas pasadas como la de 2003 han buscado corregir esto, sin embargo, su logro ha sido parcial pues los fenómenos previamente mencionados persisten. Estos los tres aspectos clave de la iniciativa, según el gobierno.

Reglas claras para la financiación de las campañas

Objetivo: Evitar la influencia indebida de dinero privado en la política.

La entrada de recursos ilícitos ha generado desigualdades en la participación, debilitando la equidad
electoral y mermando la confianza ciudadana en el proceso electoral.

¿Cómo? 

Se implementará una financiación principalmente estatal, limitando las donaciones privadas a campañas. Se creará un Registro Nacional de Proveedores Electorales donde las campañas podrán adquirir únicamente de proveedores registrados. Todas las transacciones serán bancarizadas.

El Estado proveerá anticipos para cubrir los gastos de las campañas: 50% se repartirá de manera igualitaria entre todas las organizaciones y el otro 50% se distribuirá: 30 % según resultados obtenidos en pasadas elecciones, 10% para listas que incluyan mujeres y 10% para listas que incluyan jóvenes.

¿Qué cambia?

Las donaciones, dádivas y regalos de ciudadanos a campañas quedan prohibidas así como la
contratación de transporte para votantes el día de los comicios.

Se aumenta el control sobre los recursos y las campañas que violen topes y/o reglas serán sancionadas con pérdida de investidura o cargo.

Listas Cerradas para fortalecer los partidos

Objetivo: Fortalecer los partidos políticos a partir de la profesionalización del ejercicio político y corrigiendo la división interna en los partidos y movimientos políticos producida por el voto preferente.

¿Cómo? 

A partir de 2030, se implementarán listas cerradas y bloqueadas para Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.

Así, los partidos presentan listas completas donde los candidatos/as no compiten entre sí. Las listas tendrán que incluir el enfoque de género para su presentación.

¿Qué cambia? 

Las listas cerradas garantizan una representación colectiva de los partidos previniendo conflictos internos. A su vez, los costos se ven reducidos por la eliminación de la competencia interna y la promoción de
campañas conjuntas.

Esto fomenta coherencia ideológica y una representación programática clara. Las listas cumplirán con criterios de paridad, alternancia y universalidad, promoviendo mayor y mejor representación de las mujeres en política.

Independencia y estabilidad de la Autoridad Electoral

Objetivo: Asegurar una autoridad electoral independiente que no dependa en su conformación de procesos políticos en los que intermedien los partidos y movimientos que mejore la confianza ciudadana en los procesos electorales

¿Cómo?

La Autoridad Electoral se convertirá en una entidad con plena autonomía presupuestal, administrativa y organizativa. La selección de sus nueve magistrados se hará mediante concursos públicos.

Se eliminará la intervención política en su nombramiento haciendo que la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elijan los magistrados.

¿Qué cambia? 

La Autoridad Electoral verá su independencia fortalecida y materializada. Tendrá entre sus nuevas
facultades: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas, revocar las candidaturas de personas inhabilitadas. Su personal será elegido de la carrera administrativa, lo que garantiza una entidad técnica y neutral.

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