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Admiten demanda de pérdida de investidura contra senadora Zuleta por el ‘tarimazo’
El alto tribunal evaluará si la congresista del Pacto Histórico incurrió en extralimitación de funciones y posible tráfico de influencias al gestionar la salida de cabecillas de bandas para un acto público en Medellín.

El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por su presunta participación en la gestión que permitió la salida de cabecillas de bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí para asistir al evento político del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en Medellín, conocido como el “tarimazo”.
La acción fue interpuesta por el abogado cordobés William Francisco Quintero Villarreal, quien argumenta que la parlamentaria habría actuado sin competencia en el trámite que permitió el traslado de los jefes criminales hacia el centro administrativo La Alpujarra, lo que configuraría extralimitación de funciones y posible tráfico de influencias. Entre los reclusos que subieron a la tarima estuvieron alias Douglas, alias Tom, alias Carlos Pesebre y otros líderes del crimen organizado.
Según Quintero, el Inpec habría ejecutado el traslado a solicitud de Zuleta, de acuerdo con una resolución que, asegura, reposa en su poder, aunque carece de número y fecha. El jurista explicó que tuvo que interponer una tutela para acceder a la documentación, luego de que inicialmente el instituto penitenciario le negara la información.
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El Consejo de Estado había devuelto en un primer momento la solicitud por requisitos de forma, pero finalmente la admitió el 29 de julio, haciéndose pública la decisión en las últimas horas. De prosperar la demanda, la congresista perdería su investidura, lo que implicaría su “muerte política”.
Zuleta ya ha enfrentado otros procesos similares por presuntas irregularidades en la financiación de campañas del Pacto Histórico, aunque fueron archivados por falta de pruebas. Además, por este mismo caso del “tarimazo”, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concejales del Centro Democrático.
Para Quintero, este proceso busca claridad sobre un hecho que ha generado rechazo en distintos sectores. “Si la Justicia no me da la razón no hay problema, pero todo esto hace parte del juego jurídico”, afirmó.
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