Cabecillas de estructuras criminales asistieron a evento del Gobierno en Medellín como parte del proyecto de Paz Urbana

El 21 de junio, en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, el Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral, pero también aprovechó el evento para exponer los avances del proyecto de Paz Urbana, una estrategia que busca desescalar la violencia en zonas urbanas mediante diálogos con estructuras criminales. Como parte del acto, varios cabecillas condenados fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para participar en la jornada, lo que desató fuertes cuestionamientos públicos.

El proyecto, que completó dos años de implementación, involucra mesas de diálogo con líderes de bandas como La Oficina de Envigado, La Terraza, entre otras. Entre los presentes en La Alpujarra estaban alias “Douglas”, “Pesebre”, “Naranjo” y otros jefes criminales condenados, quienes llegaron en un bus del Inpec. La presencia de estos cabecillas generó controversia, especialmente por tratarse de una actividad pública del Estado.

Según el Gobierno, el proceso ha contribuido a una reducción significativa de los homicidios en el Valle de Aburrá, alcanzando en 2024 la cifra más baja en tres décadas. También se han logrado compromisos para detener prácticas como la explotación sexual infantil en zonas turísticas. Figuras como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, también participan como gestores de paz, pese a estar presos en el extranjero.

Lea también: (Karol G arrasa con el debut de Tropicoqueta y entra al top 3 global de artistas más escuchados)

Entre los compromisos pactados están la no comercialización de sustancias como fentanilo y heroína, la entrega de información sobre puntos de venta de droga, y el fin de la extorsión, en al menos 45 barrios en Medellín. Este último punto fue el eje de un plan piloto que finalizó en marzo, aunque su seguimiento ha sido cuestionado por la falta de registros confiables del delito.

El Gobierno ha propuesto ampliar el modelo a otras cárceles y convocar la participación de mujeres y miembros activos de bandas criminales. También avanza una agenda con más de 60 organizaciones para garantizar participación comunitaria. La iniciativa contempla cinco ejes estratégicos, entre ellos la equidad territorial y el desarme total.

Pese a los avances, críticos del programa advierten que la violencia no ha desaparecido. Solo en lo corrido del año, Medellín ha registrado 144 homicidios, en su mayoría relacionados con disputas entre pandillas. Esto ha llevado a cuestionar la efectividad real del diálogo con cabecillas condenados y su impacto sobre el control territorial en las comunas.

Otras noticias