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Caso Pegasus: Fiscalía entrevistó exfuncionarios y generales involucrados

Se han realizado 25 entrevistas y 12 inspecciones, mientras se investiga una transacción de 5.5 millones de dólares a NSO Group. Aún no se ha confirmado si Colombia adquirió el software.

Caso pegasus
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 24/10/2024 - 11:28 Créditos: https://zetatijuana.com/

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado las investigaciones sobre la presunta compra del controvertido software espía Pegasus, vinculado a casos de vigilancia y espionaje a nivel global. Hasta el momento, se han llevado a cabo 25 entrevistas, 12 inspecciones y otros procedimientos judiciales con el fin de esclarecer los detalles detrás de la transacción y el posible uso de esta tecnología en Colombia.

Entre los principales interrogados por la Fiscalía se encuentran exfuncionarios de alto nivel del gobierno anterior, como Jairo García Guerrero, exviceministro de Defensa; Víctor Manuel Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); y los generales del Ejército Juan Diego Sepúlveda y Carlos Iván Moreno Ojeda. Además, se ha entrevistado al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Joaquín.

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Las indagaciones se centran en una transacción de 5.5 millones de dólares realizada a la empresa israelí NSO Group, creadora de Pegasus, en junio de 2021. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha podido determinar qué entidad estatal realizó el pago ni el origen exacto de los fondos.

Pese a que se ha confirmado la validez del informe de inteligencia financiera de Israel que registra esta transacción, hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes de que el software Pegasus o algún otro producto de NSO Group haya sido efectivamente adquirido por el gobierno colombiano.

La fiscal Luz Adriana Camargo, encargada de liderar esta investigación, ha priorizado el caso y continúa recopilando testimonios y documentos que permitan esclarecer las circunstancias de esta supuesta compra y su propósito. Los avances de la investigación son claves para definir posibles implicaciones legales para los funcionarios del gobierno anterior y determinar si hubo irregularidades en la adquisición de esta tecnología de vigilancia.

 

 

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