Centro Democrático respalda a Néstor Rico en su aspiración a la presidencia de la Cámara de Representantes

La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes oficializó su respaldo al congresista Néstor Leonardo Rico, miembro de Cambio Radical, como candidato a la presidencia de esa corporación para la próxima legislatura.

La decisión se adoptó pese a que el partido se mantiene en la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y no hace parte de los acuerdos políticos que distintas colectividades han suscrito para definir la composición de las mesas directivas del Congreso.

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En un comunicado público, el Centro Democrático afirmó que su apoyo a Rico obedece a la necesidad de preservar la autonomía del poder legislativo frente al Ejecutivo.

La colectividad expresó que, a su juicio, el Gobierno ha ejercido presiones sobre congresistas con el fin de modificar compromisos previamente adquiridos en torno a la elección de la mesa directiva.

En el texto, el partido sostuvo que dichas acciones representan una interferencia del Ejecutivo en asuntos que, según su postura, son de competencia exclusiva del Congreso.

Los representantes de esta bancada señalaron que su decisión busca responder a lo que describen como ataques del presidente Petro a la institucionalidad y a las demás ramas del poder público.

Según el pronunciamiento, el voto a favor de Néstor Rico pretende ser una medida orientada a salvaguardar la independencia del legislativo y garantizar que las decisiones internas del Congreso no estén sujetas a presiones externas.

¿Quién es Néstor Leonardo Rico?

Néstor Leonardo Rico Rico nació el 11 de mayo de 1973 en Bogotá. Es contador público egresado de la Universidad Central, con especializaciones en Gestión de Entidades Territoriales (Externado de Colombia) y en Gestión y Desarrollo Administrativo (Universidad Militar Nueva Granada). Además cursó un magíster en Gobierno Municipal (Externado) y en Dirección de Gestión Pública (Universidad Internacional de La Rioja).

Inició su ejercicio público como concejal de El Rosal, Cundinamarca (1998–2000), y en 1999 fue presidente del Concejo Municipal.

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En 2001 fue elegido alcalde de ese municipio y lideró su administración hasta 2004. Su gestión fue reconocida: figuró entre los cinco mejores alcaldes del departamento y entre los diez primeros a nivel nacional.

Tras su experiencia local, se trasladó a Bogotá, donde ocupó diversos cargos en el ámbito capitalino: subsecretario de la Comisión Tercera del Concejo (2008–2010) y asesor en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante 2010 y 2011.

En 2012 fue elegido contralor departamental de Cundinamarca, cargo que ocupó hasta 2015, periodo en el cual la Mesa Directiva del Senado le otorgó la Orden del Congreso en grado Cruz Comendador.

En 2018 incursionó en el Congreso de la República como representante a la Cámara por Cundinamarca, bajo la bandera de Cambio Radical.

Fue reelecto en 2022 con 39 658 votos, tras haber obtenido 35 607 en 2018, y se consolidó como uno de los legisladores más votados en su circunscripción.

Dentro del Congreso, ha participado activamente en la Comisión Tercera (Hacienda y Crédito Público), llegando a presidirla entre 2020 y 2021. Desde 2022 también forma parte de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.

Entre sus iniciativas legislativas se destacan la Ley 2356 de 2024 (feminicidio), que busca eliminar beneficios como la casa por cárcel para quienes cometen feminicidio; y la Ley 2355 de 2024, que declara el Festival Departamental de Bandas de Cundinamarca como patrimonio cultural inmaterial.

Además ha presentado varios proyectos durante 2022 y 2023, entre ellos:

Proyecto de Ley 050 de 2022, orientado a suprimir beneficios penales para condenados por feminicidio.

Proyecto de Ley 087 de 2022, para reconocer el Festival Departamental de Bandas como patrimonio cultural.

Otros proyectos relacionados con estímulos al cultivo de café especial, transferencias monetarias no condicionadas, reforma tributaria, turismo en Girardot y fondos para educación superior.

No ha estado exento de controversia. En noviembre de 2024, la Corte Suprema lo acusó de cohecho y prevaricato por presuntos vínculos con una red de manipulación judicial en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionados con el expediente del predio La Providencia y otros bienes adquiridos durante su periodo como contralor.

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