Chats revelados por Day Vásquez desatan nueva investigación contra Nicolás Petro por presunta corrupción en el Atlántico

Los escándalos que rodean a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, sumaron este fin de semana un nuevo capítulo. 

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante su paso por la Asamblea del Atlántico. El caso surge de una serie de conversaciones extraídas del celular de su expareja, Day Vásquez, que evidenciarían el manejo indebido de recursos públicos a través de una fundación.

Según el auto conocido por el medio, la investigación busca determinar si Petro se benefició de contratos firmados con la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que entre 2021 y 2022 obtuvo más de 3.000 millones de pesos en convenios con la Gobernación del Atlántico. Los investigadores señalan que el exdiputado habría participado en la adjudicación de estos contratos a cambio de beneficios económicos personales.

Parte de las pruebas clave del caso provienen del teléfono de Vásquez. En los chats divulgados, se observa cómo Nicolás Petro y Gustavo de la Ossa, representante de Fucoso, coordinaban presuntos pagos irregulares. 

En uno de los mensajes, De la Ossa explica: “El médico va a ganar 2 millones, pero solo son 8 días… me tiene que facturar 5 millones”. A lo que Day responde con naturalidad, evidenciando una estructura de facturación falsa para desviar recursos.

En otras conversaciones, la pareja discute sobre la entrega de dinero en efectivo. “Puedes pasar por la plata donde Manyi”, escribió Vásquez, a lo que Petro respondió: “Entre mayor reserva mejor”. 

Estas comunicaciones, que hoy reposan en poder de la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de una red de corrupción que utilizaba contratos públicos para el desvío de fondos destinados a proyectos sociales.

La Procuraduría confirmó que el proceso busca verificar la autenticidad de los documentos, identificar a los firmantes de los contratos y determinar si hubo tráfico de influencias, falsedad en documento público o interés indebido en la celebración de contratos. En paralelo, la Fiscalía ya había anunciado la imputación de cargos por estos mismos hechos, aunque la diligencia fue aplazada por compromisos del abogado defensor, Alejandro Carranza.

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El órgano de control también solicitó a la Gobernación del Atlántico toda la documentación relacionada con los contratos suscritos con Fucoso, incluyendo copias de los expedientes, información de los funcionarios involucrados, sus correos, teléfonos, y antecedentes laborales y disciplinarios. Se busca reconstruir la cadena de responsabilidades y establecer si hubo omisión o complicidad de funcionarios departamentales.

El procurador regional advirtió además que, en caso de confesión anticipada, Nicolás Petro podría ver reducidas sus sanciones hasta en un 50 %. Sin embargo, su defensa ha negado los señalamientos y cuestionado la validez del testimonio de Day Vásquez, a quien acusan de manipular las pruebas.

Mientras tanto, Vásquez continúa colaborando con la justicia, afirmando que “todo lo dicho está sustentado con pruebas”. En los últimos días, ha mantenido un enfrentamiento público con el abogado Carranza, a quien acusa de “obstruir la justicia” y de actuar en nombre del propio presidente para proteger a su hijo.

Este nuevo proceso se suma a las investigaciones ya abiertas por la Fiscalía sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. 

Con el expediente disciplinario en curso, el hijo del mandatario enfrenta ahora un escenario judicial y político aún más complejo.

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