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Confirmada la competencia del CNE para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro
El Consejo de Estado otorgó al Consejo Nacional Electoral la autoridad para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
El Consejo de Estado ha ratificado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad competente para llevar a cabo la investigación administrativa sobre las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, correspondiente al Pacto Histórico, durante las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales de 2022.
De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el CNE está facultado para imponer sanciones administrativas en caso de detectar irregularidades, como multas, la congelación de giros para campañas, o la devolución total o parcial de los recursos entregados a un partido político. Esta decisión refuerza la autoridad del CNE en la vigilancia e inspección de las actividades electorales de los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
Asimismo, el Consejo de Estado declaró que el Congreso de la República es el órgano competente para decidir sobre una eventual sanción de pérdida del cargo para el presidente, si las indagaciones del CNE concluyen en la necesidad de tomar dicha medida.
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El proceso de investigación continuará con la remisión de los expedientes correspondientes al CNE, que se encargará de llevar adelante las indagaciones. Paralelamente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mantiene la responsabilidad de investigar las conductas del presidente que puedan violar el código penal o constituyan faltas disciplinarias que afecten la dignidad del cargo.
El Consejo de Estado fue claro en señalar que el fuero presidencial no se extiende a todos los tipos de conductas, limitándose a aquellas con implicaciones penales o disciplinarias. De esta manera, el presidente Gustavo Petro puede ser objeto de medidas correctivas si se demuestra un incumplimiento en el régimen de financiación de su campaña electoral.
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