Congreso se reunirá en tres días para analizar la conmoción interior decretada en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, una medida excepcional para afrontar la grave situación de violencia que afecta a esta región del norte de Santander. 

Ante esta decisión, el Congreso de la República tendrá que reunirse en un plazo máximo de tres días, tal como lo establece la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, con el objetivo de conocer los motivos que llevaron al Ejecutivo a recurrir a esta herramienta.

Según lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución, la figura de la conmoción interior permite al Gobierno Nacional tomar medidas extraordinarias para restablecer el orden público en casos de perturbación grave que no puedan ser manejados con las facultades ordinarias. En este contexto, el secretario general del Senado, Diego González, explicó que la reunión del Congreso es fundamental para garantizar transparencia y control político sobre esta decisión.

“Lo ideal es que el Congreso se reúna dentro de los tres días siguientes, porque el objetivo de esa reunión es que el Gobierno Nacional explique claramente cuáles fueron las razones que fundamentaron la decisión de decretar esa conmoción interior. Y eso pues lo que hace es que de manera oportuna pueda el Congreso y así el país conocer las razones específicas”, afirmó González en entrevista con RCN Radio.

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Informes periódicos al Congreso

Además de la sesión inicial, el Gobierno estará obligado a presentar informes periódicos cada 30 días mientras se mantenga el estado de conmoción interior. Estos reportes deben incluir detalles sobre las medidas adoptadas, los avances en la situación de orden público y cualquier investigación sobre posibles abusos en el uso de estas facultades excepcionales.

La Ley 137 de 1994 también establece que, de no reunirse el Congreso en los tres días previstos, este se convocará automáticamente por derecho propio. Esto refuerza el control legislativo sobre las decisiones tomadas bajo estados de excepción.

Sectores de la oposición han manifestado preocupaciones frente a esta medida, argumentando que podría ser utilizada para emitir decretos con fuerza de ley que permitan implementar cambios fiscales, como la creación de nuevos impuestos, con el fin de atender la desfinanciación del presupuesto nacional.

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