Consejo de Estado desestima tutela contra Gustavo Petro por declaraciones sobre periodistas

El Consejo de Estado falló en contra de la acción de tutela presentada por un grupo de periodistas que consideraban vulnerados sus derechos tras declaraciones del presidente Gustavo Petro.

La controversia se originó el 30 de agosto de 2024, cuando, durante la posesión de la defensora del pueblo, el mandatario afirmó que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.

Las periodistas argumentaron que las palabras del presidente promovieron un ambiente de hostilidad hacia su labor, afectando su derecho a la libertad de prensa, la igualdad y una vida libre de violencia. En su tutela, solicitaron que el jefe de Estado se retractara públicamente y se comprometiera a no emplear expresiones discriminatorias en el futuro.

Sin embargo, el alto tribunal concluyó que las declaraciones debían analizarse en su contexto. Según el fallo, el presidente posteriormente aclaró su afirmación en la red social X, señalando que “las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo”, lo que, a juicio de la Corte, brindó una mayor precisión a su mensaje.

Asimismo, el Consejo de Estado determinó que la tutela no era el mecanismo idóneo para este tipo de reclamaciones, ya que no se evidenció una vulneración directa a los derechos fundamentales de las demandantes. En este sentido, el tribunal indicó que las afectaciones alegadas deberían resolverse mediante otros procedimientos legales disponibles.

El fallo también resaltó la importancia de la libertad de expresión y el debate público, recordando que las declaraciones de los funcionarios deben ser analizadas dentro del marco de su función y en el contexto en el que son emitidas. No obstante, enfatizó en la necesidad de que los líderes políticos usen un lenguaje que no contribuya a la polarización ni al señalamiento de sectores específicos.

Este pronunciamiento ha generado diversas reacciones en el ámbito periodístico y político. Mientras algunos sectores consideran que la decisión podría sentar un precedente preocupante sobre el trato a la prensa, otros defienden la postura del Consejo de Estado al sostener que la libertad de expresión debe proteger tanto a periodistas como a figuras públicas dentro del debate democrático.

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