Consejo de Estado remite demanda contra nombramiento de Irene Vélez a Cundinamarca

El Consejo de Estado decidió no resolver la demanda que buscaba anular el Decreto 877 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional designó a Irene Vélez Torres como ministra encargada de Ambiente. Tras un nuevo análisis, la corporación revocó la admisión inicial del proceso y se declaró incompetente para conocer el caso en única instancia.

Según explicó el alto tribunal, la acción judicial fue presentada bajo la figura de nulidad simple, cuando en realidad debía tramitarse como un medio de control de nulidad electoral. Esta diferencia procesal, de acuerdo con la decisión, modifica la autoridad judicial competente para estudiar la controversia.

El Consejo de Estado precisó que la demanda confundió dos conceptos jurídicos: el encargo de funciones y el encargo del empleo. Mientras el primero corresponde a una situación administrativa de carácter laboral, el segundo constituye un verdadero nombramiento, al implicar el reemplazo del titular del cargo. Bajo ese criterio, el decreto que oficializó el encargo de Vélez sí tiene naturaleza de nombramiento.

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En consecuencia, el alto tribunal reiteró que no le corresponde conocer este tipo de procesos en única instancia y recordó que existe jurisprudencia unificada que asigna a los tribunales administrativos el estudio inicial de las demandas contra actos de nombramiento de ministros y altos funcionarios del orden nacional.

Como resultado, el expediente será remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y pronunciarse de fondo sobre la legalidad del decreto. La acción fue interpuesta por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien argumenta un presunto conflicto de intereses que impediría a Vélez ejercer el cargo.

Por ahora, el Consejo de Estado se limitó a resolver el aspecto procesal y no analizó los cuestionamientos de fondo contra el nombramiento. Esta decisión se suma a un contexto reciente de controversias jurídicas alrededor de Irene Vélez, luego de que la misma corporación dejara en firme, días atrás, la anulación de su designación provisional como consejera de Relaciones Exteriores en Londres.

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