Magistrada decide hoy si envía a detención domiciliaria a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD

Este jueves una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá debe adoptar una de las decisiones judiciales más sensibles derivadas del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En audiencia pública, el despacho definirá si impone o no medida de aseguramiento privativa de la libertad, en modalidad de detención domiciliaria, contra los exministros Ricardo Bonilla, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior

Ambos son investigados por su presunta participación en un entramado de direccionamiento de contratos y proyectos públicos con fines políticos.

La decisión se produce luego de que la Fiscalía General de la Nación formulara imputación de cargos contra los dos exfuncionarios, a quienes señala de haber participado, presuntamente, en un esquema orientado a asegurar apoyos legislativos mediante la asignación de recursos y contratos de entidades adscritas al Gobierno nacional, principalmente la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

En esa imputación, realizada a comienzos de diciembre, el ente acusador les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ninguno de los dos aceptó.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el esquema habría operado durante el actual periodo de gobierno y habría involucrado la priorización y eventual direccionamiento de al menos 74 proyectos relacionados con Invías y cinco más con la UNGRD, por un monto global que superaría los 600.000 millones de pesos.

De acuerdo con el relato fiscal, estos proyectos habrían sido utilizados como moneda de cambio para consolidar mayorías en el Congreso de la República y facilitar la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

La investigación sostiene que desde el Ministerio del Interior se habría articulado la estrategia política, mientras que desde el Ministerio de Hacienda se habrían facilitado las condiciones presupuestales necesarias para su ejecución.

En el marco de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía pidió de manera expresa que Bonilla y Velasco sean enviados a detención domiciliaria, al considerar que existen inferencias razonables de autoría o participación y que la medida resulta necesaria para garantizar los fines del proceso penal.

En respaldo a esa petición, un delegado del Ministerio Público, en representación de la Procuraduría General de la Nación, coincidió en que la gravedad de los hechos investigados, la magnitud de los recursos comprometidos y el alcance institucional del presunto esquema justifican una restricción de la libertad mientras avanza la investigación.

El debate judicial también ha estado marcado por el contexto político que rodea el caso, considerado uno de los episodios de mayor impacto para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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El expediente de la UNGRD no solo ha derivado en procesos penales contra exdirectivos de la entidad, sino que ha escalado hasta comprometer a exministros y altos funcionarios, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y sobre los mecanismos de gestión de recursos públicos en entidades estratégicas.

Las defensas de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco han solicitado al juez negar la imposición de cualquier medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En sus intervenciones, los abogados han sostenido que no se configuran los presupuestos legales para ordenar la detención domiciliaria, al argumentar que sus defendidos no representan un riesgo de fuga, no han intentado obstruir la justicia y han atendido de manera permanente los requerimientos de las autoridades judiciales.

También han cuestionado la solidez del material probatorio presentado por la Fiscalía, señalando que buena parte de la hipótesis acusatoria se apoya en declaraciones de testigos que también están involucrados en el proceso y que buscan beneficios judiciales.

En el caso de Bonilla, la defensa ha insistido en que no existe evidencia documental ni administrativa que permita concluir que desde el Ministerio de Hacienda se haya direccionado o condicionado la asignación de recursos con fines ilícitos.

En cuanto a Velasco, su equipo jurídico ha planteado que las funciones propias del Ministerio del Interior en materia de articulación política no pueden confundirse con conductas penales y que no se ha probado una intervención directa en la adjudicación o manipulación de contratos.

La magistrada que preside la diligencia deberá evaluar si, a la luz del Código de Procedimiento Penal, se cumplen los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para imponer la medida solicitada por la Fiscalía.

Entre las opciones que tiene el despacho está la de acoger la petición y ordenar la detención domiciliaria de ambos exministros, negar la medida y permitir que enfrenten el proceso en libertad, o imponer una medida menos gravosa que no implique privación de la libertad, como obligaciones de comparecencia o restricciones específicas.

La determinación que se adopte este jueves no constituye una condena, pero sí tendrá un impacto decisivo en el desarrollo del proceso penal y en el escenario político.

Una medida de aseguramiento reforzaría la posición del ente acusador y marcaría un precedente relevante en el tratamiento judicial del caso UNGRD, mientras que una negativa obligaría a la Fiscalía a robustecer su investigación de cara a una eventual acusación formal.

En cualquiera de los escenarios, la decisión de hoy se perfila como un nuevo punto de inflexión en un expediente que continúa revelando las tensiones entre poder político, contratación pública y control judicial en Colombia.

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