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Daniel Coronell denuncia en su columna “Agro Ingreso Cabal” beneficios de Finagro a favor de Juan José Lafaurie
Pese al discurso familiar contra los subsidios el hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal los recibe.
La más reciente columna del periodista Daniel Coronell, titulada Agro Ingreso Cabal y publicada en Los Danieles, plantea una investigación periodística sobre los créditos y apoyos estatales recibidos por Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en un contexto que el autor describe como contradictorio frente al discurso público que la familia ha sostenido durante años contra los subsidios del Estado.
En su texto, Coronell parte de un contraste: mientras la senadora Cabal y su hijo han reiterado en escenarios públicos y redes sociales su rechazo a los subsidios y a lo que denominan “dependencia del Estado”, los registros financieros muestran que Juan José Lafaurie Cabal accedió a instrumentos de fomento agropecuario diseñados y respaldados con recursos públicos.
Según la columna, el 22 de abril de 2024 Lafaurie Cabal solicitó un crédito ante la entidad Serfinanza, presentándose como pequeño productor rural, condición que le permitió acceder a líneas preferenciales administradas por Finagro.
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De acuerdo con la información expuesta por Coronell, el crédito aprobado fue por 400 millones de pesos bajo la modalidad de redescuento, figura mediante la cual Finagro canaliza recursos a través de intermediarios financieros.
A este préstamo se sumó la cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que respaldó el 80 % del valor del crédito, lo que implica que, en caso de incumplimiento, el Estado asumiría la mayor parte del riesgo financiero.
El columnista subraya que este respaldo constituye, en la práctica, un subsidio indirecto, pues reduce de manera sustancial la exposición del beneficiario frente a la deuda.
El destino de los recursos, según detalla la columna, fue la siembra de palma de aceite en un predio identificado como la Hacienda Guadalajara, ubicado en el departamento del Cesar.
Coronell señala que la propiedad del terreno estaría vinculada a una sociedad relacionada con el núcleo familiar Lafaurie, información que sustenta con registros inmobiliarios y mercantiles revisados durante su investigación.
Este punto es relevante para el análisis del autor, quien cuestiona la caracterización de Lafaurie Cabal como pequeño productor, teniendo en cuenta el patrimonio y las conexiones empresariales que rodean el proyecto.
La columna va más allá del crédito inicial y revela que, meses después, el beneficiario solicitó el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), un mecanismo mediante el cual el Estado abona directamente una parte del crédito, reduciendo el saldo que debe pagar el productor.
Coronell afirma que el 27 de noviembre de 2024 Finagro realizó un abono por más de 95 millones de pesos, correspondiente al tope máximo permitido para este tipo de incentivo, lo que disminuyó de manera significativa la obligación financiera adquirida con el banco.
En su análisis, Coronell recuerda que el ICR es un instrumento legal, creado para promover la inversión en el sector agropecuario, pero advierte que su aplicación en este caso reaviva el debate sobre quiénes terminan siendo los principales beneficiarios de los recursos públicos.
El columnista insiste en que la polémica no se centra únicamente en la legalidad del trámite, sino en la coherencia entre el discurso político y las decisiones privadas de quienes critican de forma sistemática el uso de subsidios.
Otro de los elementos que resalta la columna es el rol de José Félix Lafaurie, padre del beneficiario, quien integró durante varios años la junta directiva de Finagro.
Coronell precisa que Lafaurie ocupó ese cargo hasta junio de 2024, periodo que coincide con el trámite y desembolso del crédito.
Consultado por el periodista, el dirigente gremial aseguró no ver conflicto de interés alguno y sostuvo que, si su hijo cumplía los requisitos establecidos en la normativa, tenía derecho a acceder a los instrumentos de fomento disponibles.
El texto también recoge la gestión de Coronell para obtener la versión directa de Juan José Lafaurie Cabal.
Según lo relatado en la columna, el abogado inicialmente manifestó que se encontraba viajando y posteriormente declinó hacer declaraciones, señalando que prefería mantenerse al margen del debate político y que no concedía entrevistas.
La columna Agro Ingreso Cabal se inscribe así en una línea de investigación que cuestiona la distribución de los subsidios y créditos estatales en el sector agropecuario, poniendo sobre la mesa la discusión sobre el acceso real de los pequeños productores frente a actores con poder económico y político.
Coronell concluye que el caso ilustra una tensión persistente en Colombia entre el discurso ideológico contra el Estado y el aprovechamiento de los mecanismos públicos de apoyo cuando estos resultan convenientes, un debate que, según anticipa, continuará desarrollándose en futuras entregas especialmente en su sección de W Radio, el Reporte Coronel.
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