Desconcierto por asociación que hizo presidente Gustavo Petro de construcción de la ALO y feminicidio en Bogotá

En Bogotá, se ha presentado una controversia reciente que vincula decisiones urbanísticas con cuestiones sociales profundas. El presidente Gustavo Petro criticó la resolución del Concejo de Bogotá de reemplazar la propuesta de una Ciudadela Educativa por una nueva avenida, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Norte, la cual se extenderá hasta la calle 153, utilizando los terrenos originalmente destinados para el proyecto educativo en Suba.

El presidente Petro hizo una comparación inusual entre este proyecto urbanístico y un grave incidente de violencia ocurrido el 29 de mayo de 2024, cuando Stefany Barranco fue asesinada en el centro comercial Santafé por su ex pareja. 

Según el presidente, ambas situaciones, aunque aparentemente desconectadas, tienen raíces comunes en decisiones que afectan profundamente la cultura y la educación en la comunidad.

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El mandatario expresó su preocupación por la decisión del Concejo, que según él, favoreció una infraestructura vial en detrimento de un espacio dedicado al conocimiento y la cultura. 

Petro argumentó que esta decisión tiene efectos directos en la sociedad, vinculando la falta de acceso a la educación superior con actitudes que pueden propiciar actos violentos como el feminicidio.

Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la construcción de la ALO Norte, argumentando que el proyecto cumple con altos estándares ambientales y se adhiere al Plan de Ordenamiento Territorial establecido por la administración anterior. 

Galán aseguró que la avenida contribuirá significativamente a resolver problemas de movilidad en la zona y rechazó las críticas que sugieren que el debate sobre este proyecto debía limitarse, defendiendo la libertad y la integridad del proceso democrático en el Concejo.

La decisión de avanzar con la ALO Norte ha generado opiniones divididas entre quienes la consideran una solución necesaria para la movilidad y quienes la ven como una amenaza al medio ambiente y un retroceso en prioridades educativas y culturales. 

La situación también ha desencadenado un conflicto legal, con una posible demanda en el Tribunal de Cundinamarca contra los concejales que respaldaron la construcción de la avenida, argumentando que esto podría obstruir el debate público y la toma de decisiones informadas.

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