Disidencias de las Farc piden diálogo sin condiciones al Gobierno Petro

En una comunicación escrita dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, un sector de las disidencias de las antiguas Farc, encabezado por el mando conocido como alias ‘Calarcá’, reiteró su disposición de continuar en un proceso de conversaciones con el Gobierno Nacional, pero condicionando ese eventual retorno a la ausencia de ultimátums y a un replanteamiento del enfoque con el que se ha concebido la negociación hasta ahora.

La misiva, cuyo contenido fue revelado en las últimas horas, plantea una serie de discrepancias con la visión oficial del proceso de paz que ha venido promoviendo el Ejecutivo, y pone en cuestión los objetivos que se han priorizado desde la institucionalidad.

A lo largo del texto, los firmantes expresan su percepción de que la interpretación del Gobierno sobre el concepto de paz difiere sustancialmente de la visión que, aseguran, tienen las comunidades campesinas y los grupos insurgentes.

Según lo expuesto en el documento, las disidencias consideran que el Gobierno asume la paz como un sinónimo de desarme total de quienes históricamente se han levantado en armas por no sentirse representados en el modelo de Estado vigente.

En palabras del grupo armado, la política de paz promovida por el presidente Gustavo Petro no dista, en lo esencial, de la planteada por anteriores administraciones.

A juicio de los firmantes, esta consistiría en la eliminación de las guerrillas como mecanismo para alcanzar una pacificación aparente que preserve los intereses económicos de los sectores privilegiados.

“La paz del presidente Gustavo Petro es la paz de todos los gobernantes que ha tenido Colombia: acabar con las guerrillas. La paz suya, señor presidente, es la paz burguesa, la de los dueños de los medios de producción y terratenientes que ven en los pobres alzados en armas una amenaza a sus riquezas”, se lee en un fragmento de la carta.

En contraposición, los disidentes señalan que la paz que reclaman los campesinos con los que dicen estar comprometidos pasa por una serie de transformaciones estructurales en el campo colombiano.

Entre esas exigencias, destacan la redistribución de tierras de manera equitativa en todos los departamentos del país, no solo en regiones específicas como Sucre o Córdoba.

Añaden que dicha redistribución debe ir acompañada de inversión en infraestructura vial —en particular en vías terciarias y secundarias— y de medidas para eliminar la figura del intermediario comercial, que según ellos, se apropia de la rentabilidad del trabajo rural.

La carta continúa detallando que la aspiración de paz desde el campo colombiano también incluye el acceso efectivo a servicios de salud y educación en zonas rurales apartadas, así como herramientas y medios productivos que permitan sostener la vida en el campo sin necesidad de migrar a las ciudades.

En esa línea, afirman que la paz campesina por la que abogan es coincidente con la paz de las FARC, entendida como una transformación social profunda que supere los factores que históricamente han generado desigualdad, marginación y violencia en los territorios rurales.

Para el grupo armado, el fracaso de los avances en la mesa de conversaciones no se explica en una supuesta negativa de ellos a negociar, sino en los obstáculos internos del propio Gobierno. Atribuyen el estancamiento al poder de los sectores tradicionales dentro del Estado que, según argumentan, impiden la concreción de verdaderas reformas estructurales. “La mala conducción del Estado y que la burguesía enquistada en su gobierno no lo deja gobernar, sí son el conflicto, no nosotros”, afirman.

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En el cierre del documento, la disidencia reitera su llamado al presidente Petro para que reanude los diálogos, pero con condiciones distintas a las planteadas previamente por el alto comisionado para la paz y otras entidades gubernamentales.

El grupo pide que la nueva etapa de acercamientos prescinda de imposiciones unilaterales, amenazas o plazos forzosos.

“Regrese a la mesa sin ultimátum y sin tonos amenazantes si quiere aprender sobre la paz campesina”, concluyen.

Alexander Díaz Mendoza, conocido en el mundo clandestino como alias ‘Calarcá’ o ‘Calarcá Córdoba’, es identificado por las autoridades colombianas como uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc que se marginaron del proceso de paz firmado en 2016.

Su grupo armado ha sido señalado como uno de los más violentos y estructurados que operan actualmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y parte del sur del Tolima, y ha sido vinculado a múltiples acciones armadas contra civiles, Fuerza Pública y comunidades indígenas.

De acuerdo con información recopilada por la inteligencia militar y judicial, Díaz Mendoza ingresó a las antiguas FARC-EP a finales de la década de 1990, cuando aún era un adolescente en su natal Mesetas, Meta.

Inicialmente integró el Frente 40, una de las estructuras más activas del Bloque Oriental, bajo las órdenes de Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’. Su formación inicial como guerrillero se habría dado en la Escuela Isaías Pardo, reconocida por instruir a combatientes en guerra de movimientos, uso de explosivos y emboscadas rurales.

Durante las décadas siguientes, Calarcá escaló dentro de la organización insurgente, hasta convertirse en comandante del frente Jorge Suárez Briceño, una columna armada que ha concentrado sus acciones en zonas selváticas del sur del país.

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, se distanció del proceso y lideró un reagrupamiento armado que posteriormente adoptó el nombre de Estado Mayor Central (EMC), aunque en 2024 rompió con su líder Iván Mordisco y ahora encabeza un bloque propio dentro del conflicto armado.

Acciones armadas e imputaciones

El prontuario de alias Calarcá es extenso y se extiende por al menos dos décadas de actividades criminales. Las autoridades le atribuyen una larga lista de delitos:

Homicidio agravado: ha sido vinculado a múltiples asesinatos de miembros de la Fuerza Pública y de líderes comunitarios en zonas rurales donde su grupo ejerce control territorial.

Varios de esos crímenes han sido cometidos mediante ajusticiamientos públicos como método de control social.

Terrorismo: se le señala como responsable de atentados con explosivos contra estaciones de Policía, torres de energía y tramos viales estratégicos.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en San José del Guaviare, donde una motobomba cobró la vida de cuatro uniformados en febrero de 2025.

Reclutamiento forzado: tanto el Ejército como la Defensoría del Pueblo han denunciado que sus estructuras han incorporado menores de edad a la guerra, especialmente en los municipios de Mapiripán, Calamar y El Retorno.

Narcotráfico: según informes de la Fiscalía, Calarcá dirige rutas de envío de clorhidrato de cocaína desde laboratorios ocultos en el Guaviare hacia pistas ilegales en el Vaupés y Amazonas.

También recauda recursos mediante el cobro de “gramaje” a cultivadores de hoja de coca.

Extorsión: su grupo ha impuesto “impuestos” a comerciantes, contratistas de obra pública y agricultores locales.

Se calcula que obtiene ingresos mensuales cercanos a los 3.000 millones de pesos solo por actividades extorsivas en tres departamentos.

Desplazamiento forzado y confinamiento: informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría han registrado episodios masivos de desplazamiento y confinamiento forzado en comunidades indígenas Nukak y campesinas por amenazas, restricciones a la movilidad y enfrentamientos con otras disidencias.

Ruptura con Iván Mordisco y ofensiva territorial

En agosto de 2024, Calarcá rompió relaciones con el jefe histórico del EMC, alias Iván Mordisco, por diferencias estratégicas y de mando. Desde entonces, su grupo ha protagonizado una ofensiva armada para disputar el control de zonas cocaleras clave, lo que ha derivado en combates entre estructuras armadas en San Vicente del Caguán y el Bajo Guayabero.

Esa fractura dentro de las disidencias ha incrementado los niveles de violencia en los territorios, generando una crisis humanitaria en la que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares. A ello se suma la imposición de paros armados, restricciones a los servicios de transporte fluvial y terrestre, y prohibiciones a la circulación de alimentos.

Negociaciones fallidas y estado actual

Alias Calarcá participó en una fase exploratoria de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de la “paz total”. Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas tras repetidos incumplimientos del cese al fuego y nuevas ofensivas armadas atribuidas a su bloque.

En junio de 2025, su facción emitió una carta dirigida al presidente en la que, pese a reiterar su voluntad de diálogo, rechazó la condición de desarme y negó que el Estado tenga legitimidad para imponer términos “burgueses” de paz.

Actualmente, Alexander Díaz Mendoza figura en la lista de los criminales más buscados en Colombia. El Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Su ubicación se presume en áreas selváticas del Guaviare, donde cuenta con protección armada de más de 200 combatientes entrenados.

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