El computador de Raúl Reyes: la prueba clave contra Nicolás Maduro que Colombia ignoró

La evidencia obtenida tras la Operación Fénix, desarrollada el 1 de marzo de 2008 por las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano, ha adquirido un nuevo protagonismo judicial en el marco del proceso penal que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en cortes estadounidenses.

El allanamiento ejecutado en el campamento del entonces miembro del Secretariado de las Farc, Luis Edgar Devia Silva, conocido como alias Raúl Reyes, derivó en la incautación de tres computadores, dos discos duros y dispositivos de almacenamiento externo que contenían cientos de archivos, incluyendo correos electrónicos, comunicaciones internas y documentos financieros.

Estos elementos, que durante años permanecieron archivados en Colombia sin mayores consecuencias judiciales, se han convertido en insumo principal de la acusación por narcoterrorismo impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro.

La relevancia de esta evidencia contrasta con su escasa utilización en procesos nacionales, como el caso de la llamada ‘farcpolítica’, archivado en 2011 por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Penal del alto tribunal declaró entonces que la obtención de los equipos vulneró normas de legalidad en la recolección de pruebas, impidiendo su validez dentro del sistema judicial colombiano.

El expediente archivado contenía referencias a figuras políticas nacionales e internacionales, incluyendo comunicaciones que involucraban al gobierno venezolano de la época y, específicamente, a su entonces canciller, Nicolás Maduro.

Uno de los correos descifrados, según reseñas periodísticas de la época, mencionaba expresamente la disposición del gobierno venezolano para proporcionar recursos y brindar protección a la guerrilla de las Farc.

A pesar de que la justicia colombiana se abstuvo de desarrollar investigaciones basadas en estos hallazgos, el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, gestionó la validación internacional del material incautado.

Solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) un análisis técnico que confirmó la integridad de los archivos durante toda la cadena de custodia.

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Esta certificación ha sido uno de los soportes centrales de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en su caso contra Maduro.

Las agencias de seguridad 
estadounidenses complementaron esta evidencia con datos obtenidos posteriormente durante otras operaciones como la denominada Operación Sodoma, desarrollada en 2010, en la que también se decomisaron archivos de comunicaciones internas de las Farc.

Además, testimonios provenientes de investigaciones contra narcotraficantes, desmovilizados y exfuncionarios del Estado venezolano han sido incorporados al expediente.

Uno de los hitos que consolidó el valor probatorio de estos archivos fue la captura, en 2012, de Daniel Barrera Barrera, alias ‘el Loco Barrera’, narcotraficante vinculado con la estructura financiera de las Farc.

Su detención permitió identificar flujos de dinero operados con el amparo de sectores del Estado venezolano. De igual forma, el seguimiento en tiempo real a movimientos de Iván Márquez —miembro del antiguo Secretariado— en territorio venezolano, corroboró la vigencia de los nexos entre el grupo insurgente y autoridades de ese país.

A esta red de colaboración entre las Farc y el chavismo se sumaron figuras clave como el general Clíver Alcalá Cordones y el exjefe de inteligencia militar Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, quienes posteriormente fueron extraditados y accedieron a declarar ante fiscales estadounidenses.

Sus testimonios han permitido ampliar el panorama sobre los mecanismos de apoyo logístico y financiero entre ambas estructuras, incluyendo supuestos movimientos de armas, protección territorial y coordinación en actividades ilícitas.

En el contexto colombiano, el uso de esta información ha estado limitado por las condiciones del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.

El sometimiento de los exintegrantes de la antigua guerrilla a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impide reabrir procesos penales por los mismos hechos, siempre que las personas cobijadas por esa jurisdicción cumplan con sus compromisos judiciales.

No obstante, las autoridades nacionales aún pueden investigar a ciudadanos no acogidos por dicho sistema o colaborar con instancias judiciales extranjeras a través de canales de cooperación internacional.

En declaraciones a medios nacionales, el general Naranjo lamentó la inacción judicial del Estado colombiano frente a las implicaciones del contenido de los computadores de Reyes.

Señaló que, si bien se logró preservar el valor probatorio ante agencias extranjeras, persiste una omisión en la jurisdicción interna respecto a esclarecer vínculos políticos y financieros documentados en los dispositivos incautados.

El nombre de Piedad Córdoba, entonces congresista y figura visible en procesos de intermediación humanitaria con las Farc, aparece en varios de los correos analizados. Firmando en ocasiones con el alias ‘Teodora’, la dirigente fue relacionada con el contenido, aunque siempre negó haber cometido delitos y calificó las investigaciones en su contra como retaliaciones políticas.

En 2021, mientras Carvajal permanecía detenido en España en espera de una decisión sobre su extradición a Estados Unidos, emitió un documento en el que afirmaba que el gobierno de Hugo Chávez habría financiado a diversos movimientos políticos de izquierda en América Latina durante más de una década.

Entre los nombres incluidos en ese testimonio figuraba el del actual presidente colombiano Gustavo Petro, quien negó las afirmaciones y solicitó públicamente una investigación formal para esclarecer los hechos.

Otro elemento con implicaciones en el caso fue la detención y extradición del empresario Alex Saab, acusado de actuar como intermediario financiero del gobierno venezolano. Saab fue capturado en 2020 y trasladado a Estados Unidos, aunque fue liberado en 2023 tras una decisión política del gobierno estadounidense.

Pese a que su testimonio podría haber contribuido a clarificar rutas de financiamiento entre Venezuela y otros países, su proceso judicial concluyó sin mayores revelaciones públicas.

La documentación extraída del computador de alias Raúl Reyes, integrada a estos hechos y testimonios posteriores, ha constituido la columna vertebral de las acusaciones por narcotráfico, conspiración y colaboración con grupos terroristas que pesan hoy sobre Nicolás Maduro.

Mientras el expediente avanza en tribunales del hemisferio norte, en Colombia no existen decisiones que hayan retomado o reinterpretado las implicaciones de los mismos archivos.

A más de quince años de la Operación Fénix, los dispositivos electrónicos hallados en Angostura continúan generando efectos judiciales fuera del país, sin que se haya producido un pronunciamiento institucional en Colombia que responda al uso internacional de dicha información.

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