Gobierno dejará de usar cifras de la ONU para medir cultivos de coca y abre debate sobre impacto

El Gobierno colombiano anunció que dejará de basarse en los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de coca de uso ilícito en el país, una decisión que ha abierto un amplio debate técnico y político sobre sus efectos internos y externos.

El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro a través de un mensaje en redes sociales, en el que calificó la medición de la Unodc como “pésimamente construida” y cuestionó el método estadístico utilizado por ese organismo durante años. El pronunciamiento se dio pocos días antes de la reunión que el mandatario sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde uno de los temas centrales será la cooperación contra el narcotráfico.

La controversia surge tras la publicación de una investigación académica que concluye que las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Unodc, habrían sobreestimado durante años el número de hectáreas de coca en Colombia. El estudio, titulado Los Datos de la Coca: el registro del cultivo y su destrucción, fue elaborado por Plano Negativo, un laboratorio creado en 2023 junto a la Comisión de la Verdad y la agencia Forensic Architecture.

El documento pone en entredicho no solo los datos de la Unodc, sino también los del Departamento de Estado y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, además de entidades colombianas, al señalar fallas estructurales de transparencia y problemas en los métodos de captura y cuantificación del cultivo de coca.

Sin embargo, expertos advierten sobre las consecuencias de abandonar esta medición. Ana María Rueda, analista de política de drogas y exdirectora de esta área durante el gobierno de Iván Duque, afirmó que prescindir de los datos de producción potencial de cocaína tendría efectos negativos inmediatos. Según explicó, este indicador está respaldado por estudios cualitativos que ofrecen información clave sobre la economía de la coca en los territorios.

Rueda subrayó que la medición de Naciones Unidas se basa en encuestas, pruebas de cosecha y análisis técnicos que permiten caracterizar variables productivas y sociales, como el tipo de vinculación de las familias al cultivo y los niveles de transformación de la hoja de coca. A su juicio, perder ese acervo de información acumulado durante años sería un golpe significativo para el diseño de políticas públicas.

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El último informe de la Unodc, publicado el 18 de octubre de 2024, estimó que Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de cultivos de coca y que la producción potencial de cocaína pura aumentó 53 % entre 2022 y 2023. Estas cifras han sido clave en la relación del país con la comunidad internacional y en la evaluación de su estrategia antidrogas.

Para la experta, eliminar la medición va más allá de suprimir un dato estadístico, pues implica renunciar a herramientas fundamentales para comprender el mercado de la coca y el impacto social del narcotráfico. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que un cambio metodológico sea positivo si realmente mejora la calidad y utilidad de la información.

El debate también tiene implicaciones diplomáticas. Rueda advirtió que la decisión podría afectar la manera como Naciones Unidas mide los cultivos ilícitos no solo en Colombia, sino en otros países, aunque reconoció que el organismo deberá acatar la determinación del Estado colombiano.

En medio de la discusión, el encuentro entre Petro y Trump añade presión al escenario, dado que Estados Unidos ha insistido en la necesidad de datos confiables para evaluar la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, analistas coinciden en que cualquier revisión de las mediciones debe estar orientada a fortalecer las políticas públicas y no a responder a intereses políticos coyunturales.

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