Gustavo Petro decreta Estado de Conmoción y Emergencia Social en Norte de Santander

En medio de la grave situación de orden público que afecta a Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad extraordinario en Tibú. Tras cuatro horas de deliberaciones, el mandatario anunció la declaratoria del Estado de conmoción interior y la emergencia social para el departamento, medidas que serán oficializadas el próximo lunes en un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

Las decisiones responden al alarmante panorama que enfrenta el Catatumbo, donde se reportan más de 30 personas asesinadas, cerca de 20 secuestrados, decenas de heridos y más de 300 desplazados. Estas cifras reflejan la intensificación de la violencia en una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

Entre las víctimas se encuentran varios firmantes del Acuerdo de Paz, cuyos nombres fueron dados a conocer por la Defensoría del Pueblo: Sergio Vivas, Jhon Freddy Carrasca, Yurgen Martínez Delgado, Albeiro Díaz, Jean Carlos Carvajalino y Pedro Rodríguez. Estas pérdidas han generado una profunda preocupación en las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Para enfrentar la crisis, el presidente Petro otorgará facultades extraordinarias al Gobierno para adoptar medidas que garanticen el restablecimiento del orden público en los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta. Además, anunció el despliegue de cuatro batallones adicionales, cuadruplicando así la presencia militar en la región.

El almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, reafirmó el compromiso de las instituciones armadas para devolver la tranquilidad a la población del Catatumbo. 

"Todas nuestras capacidades y la contundencia militar están al servicio de los colombianos que aquí habitan. Los soldados, marinos y aviadores reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de esta zona del país, por eso mantendremos la ofensiva de manera conjunta y coordinada para atacar las economías ilícitas y aportar al desarrollo social", aseguró.

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, recordó que desde noviembre había emitido una alerta sobre la inminencia de estos hechos violentos. "Hoy tendremos que reportar su consumación", señaló la funcionaria. Organismos de derechos humanos y autoridades locales trabajan en Tibú para atender a los desplazados y brindar asistencia humanitaria.

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