Gustavo Petro rechaza solicitud del Banco de la República sobre vigencia de la reforma pensional

El presidente Gustavo Petro rechazó este sábado 12 de julio el pedido que hizo el Banco de la República a la Corte Constitucional para que, en caso de declararse constitucional la reforma pensional, se difiera su entrada en vigencia por tres meses. El mandatario expresó su descontento al considerar que la solicitud hace parte de una estrategia para obstaculizar la implementación del proyecto.

“Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”, escribió Petro en su cuenta oficial. Si bien señaló que no espera una decisión adversa por parte de la Corte Constitucional, reiteró su desacuerdo con los planteamientos del ente regulador.

La solicitud del Banco de la República, enviada mediante un documento firmado por su gerente general, Leonardo Villar, pide claridad sobre la entrada en vigencia de los artículos aprobados en la reforma. Particularmente, el organismo manifestó preocupación frente al inicio del Sistema de Protección Social Integral, programado para el 1.° de julio de 2025.

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Desde el Gobierno existe interés en que la reforma entre en vigor lo antes posible, para avanzar en la implementación del bono pensional y ampliar la cobertura del sistema. Esta prisa también ha sido vista como una estrategia que podría generar beneficios políticos, al mostrar resultados concretos antes de nuevas jornadas electorales.

El Banco de la República argumentó que el pedido de prórroga busca preparar de manera adecuada los sistemas necesarios para aplicar la reforma, dadas sus implicaciones técnicas y financieras. Sin embargo, el presidente desestimó esta justificación y criticó lo que considera un intento de frenar el avance del proyecto aprobado por el Congreso.

Por ahora, la Corte Constitucional deberá definir la constitucionalidad de la reforma y, en caso de avalarla, resolver si accede o no a la petición del ente emisor. El debate sigue abierto, mientras crece la tensión entre el Ejecutivo y los organismos encargados de garantizar la estabilidad institucional y económica del país.

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