Juan Manuel Santos critica ley de sometimiento y acusa improvisación en paz total del Gobierno Petro

El expresidente Juan Manuel Santos, criticó de forma amplia la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y la reciente ley de sometimiento defendida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

En Caracol Radio, Santos sostuvo que la iniciativa carece de planificación, presenta vacíos jurídicos y combina actores con orígenes y motivaciones distintas, lo que considera una amenaza para la institucionalidad.

El debate se intensificó después de que Montealegre, durante una intervención en el Congreso, defendiera el proyecto de ley y cuestionara tanto a figuras del proceso de paz de La Habana como al propio Santos.

El ministro se refirió al actual alto comisionado para la paz, Otty Patiño, como “francotirador de la paz” y advirtió que “la historia castigará” al expresidente si continúa oponiéndose a la estrategia oficial de negociación con organizaciones armadas.

En respuesta, Santos señaló que su crítica no se dirige al concepto de paz total sino a la manera en que el Gobierno ha intentado implementarla. “No estoy en contra de alcanzar la paz, pero cuestiono el proceso que se ha venido aplicando. Ha sido improvisado, sin una estructura sólida, sin interlocutores claramente identificados y sin un marco jurídico definido”, indicó.

Durante la conversación radial, el exmandatario recordó que desde los primeros meses de la actual administración expresó su desacuerdo con la estrategia. “Cuando me reuní con el presidente Petro y con Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la paz, les advertí que la propuesta de sometimiento no estaba bien estructurada y que resultaría inviable en la práctica. Así no se construye un proceso de paz duradero”, afirmó.

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Santos manifestó además preocupación por el contenido del proyecto de ley radicado el 20 de junio, al que calificó de confuso en su diseño. Argumentó que la propuesta mezcla en un mismo marco legal a grupos de origen político con estructuras dedicadas al crimen organizado, lo que, a su juicio, genera riesgos para el orden constitucional y puede facilitar escenarios de impunidad.

Uno de los puntos más polémicos, según explicó, es la posibilidad de que los grupos armados mantengan hasta un 12 % de sus rentas ilícitas tras someterse al proceso. “Ese beneficio carece de fundamento constitucional y ético. Puede interpretarse como una validación de actividades ilegales y como un incentivo para que otras estructuras busquen negociar bajo condiciones similares”, advirtió.

El exjefe de Estado señaló que espera que el Congreso detenga el trámite legislativo. “Esta iniciativa no debería avanzar. Es preferible que se archive para evitar un problema institucional, en especial en un contexto de elecciones”, expresó.

Santos también abordó su relación con Montealegre, quien fue fiscal general durante su gobierno. Recordó que, en ese periodo, tuvo que frenar propuestas que, en su opinión, excedían los límites de la justicia transicional. “Montealegre es un jurista con iniciativa, pero varias de sus ideas resultaban inviables. En su momento buscó enfoques cercanos a una ley de punto final, a lo cual nos opusimos”, señaló.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Santos reconoció que la entidad ha tenido demoras en la imposición de sanciones, lo que ha generado inconformidad. Indicó que la carga de intentar procesar a todos los responsables del conflicto armado, que se extendió por más de cinco décadas, ha dificultado su funcionamiento.

“La JEP necesita resultados tangibles de forma pronta. Es necesario que cumpla con su compromiso de emitir las primeras sanciones en agosto, como lo anunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, agregó.

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