Ministro de Defensa pide renuncia protocolaria a su equipo en medio de crisis de seguridad

En su primera gran decisión como jefe del ministerio de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez solicitó la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la cartera. La medida, anunciada este miércoles 17 de marzo, busca reorganizar su equipo de trabajo en medio de un complejo panorama de seguridad en el país.

Entre los altos cargos que deberán presentar su dimisión están los tres viceministros, Ana Catalina Cano, Luis Edmundo Suárez y Juliana Coronado, quien llevaba solo tres meses en el puesto. También se verán afectados la secretaria de gabinete, Alexandra González, el secretario general, Raúl Gutiérrez, así como asesores y directores de departamentos.

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El ministro Sánchez tendrá un plazo de 45 días para analizar quiénes continuarán en sus funciones y quiénes serán reemplazados. Algunas de estas figuras han ocupado sus cargos desde el gobierno anterior, cuando Diego Molano lideraba la cartera bajo la administración de Iván Duque.

Sánchez, mayor general retirado de la Fuerza Aérea, asumió el ministerio tras la salida de Iván Velásquez y ha tomado el mando en un contexto de recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.

El nuevo ministro enfrenta una serie de desafíos en materia de orden público. El más reciente ocurrió en Cauca, donde 29 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 28 policías y un oficial militar, fueron secuestrados en El Plateado, Argelia, y en la Hacienda, zona rural de El Tambo. Según informes preliminares, el hecho habría sido perpetrado por el frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las FARC.

A esto se suma la escalada de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial han provocado el desplazamiento masivo de comunidades y el confinamiento de cientos de familias en la zona.

El futuro del ministerio de Defensa dependerá de las decisiones que tome Sánchez en las próximas semanas. Mientras tanto, sectores políticos y expertos en seguridad están atentos a los cambios que puedan marcar un giro en la estrategia contra la criminalidad y la violencia en el país.

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