A menos de siete meses de que concluya el actual mandato presidencial, movimientos recientes en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y en el Fondo de Adaptación han generado inquietudes dentro del Gobierno. El Colombiano reveló que las decisiones están asociadas a la gestión de Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo, en un contexto marcado por el calendario electoral de 2026.
El Fondo de Adaptación, entidad encargada de ejecutar proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, cuenta con un presupuesto anual cercano a los 668.000 millones de pesos y una planta provisional que permite flexibilidad en contrataciones.
De acuerdo con información conocida por el medio, el 1 de enero salieron 15 funcionarios, varios con trayectoria en administraciones anteriores, lo que habría implicado una reducción de la memoria técnica de la entidad.
De manera paralela, se alistó el nombramiento de al menos 30 nuevas personas en el Fondo antes de que entren plenamente en vigor las restricciones de la Ley de Garantías, que limita contrataciones directas y nombramientos en el periodo previo a elecciones legislativas y presidenciales. Fuentes internas señalan que los nuevos cargos corresponderían a perfiles cercanos a la actual dirección.
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En la Casa de Nariño también se registran movimientos. Durante la primera semana de enero fueron publicadas 19 hojas de vida de aspirantes a cargos de asesoría en el Dapre, con diferentes niveles salariales. Funcionarios de carrera han manifestado preocupación por la alta rotación, considerando el corto tiempo restante del Gobierno.
Desde el entorno de Angie Rodríguez, las decisiones han sido justificadas como parte de una reorganización institucional. Voceros cercanos aseguran que se busca fortalecer capacidades técnicas y corregir presuntas prácticas irregulares heredadas, y que los nombramientos se ajustan a la normativa vigente.
No obstante, exfuncionarios que salieron de ambas entidades sostienen que los cambios responden a criterios políticos y califican los nuevos cargos como “corbatas”. Estas versiones contrastan con la explicación oficial y han alimentado tensiones internas, particularmente con otros altos funcionarios del sector de gestión del riesgo.
A este escenario se suma la reciente salida del director financiero de Presidencia, Sergio Beltrán, quien argumentó razones de principios para su retiro. Fuentes señalan diferencias profundas con la dirección del Dapre, mientras que versiones cercanas a Rodríguez afirman que se trató de una transición acordada.
En conjunto, los movimientos administrativos ocurren en medio de un año electoral y bajo la lupa de la Ley de Garantías, lo que ha incrementado la atención sobre la gestión interna en Presidencia y entidades adscritas, así como sobre el impacto de estas decisiones en la recta final del Gobierno.
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